Podrían quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos de por vida a partir del proceso penal que afrontan por atentar contra la independencia del Organismo judicial y violar la Constitución durante el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Por CLAUDIA PALACIOS
Guatemala. El abogado Alfonso Carrillo interpuso una denuncia penal contra 121 diputados del Congreso de la República por atentar contra la independencia del Organismo judicial y violar la Constitución durante el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La acción podría lograr que los congresistas sean inhabilitados de por vida para ejercer el cargo.
La denuncia fue presentada ayer ante el Juzgado Primero Pluripersonal de Paz Penal de Guatemala por los delitos de Violación a la Constitución, Resoluciones Violatorias a la Constitución y Asociación Ilícita.
En el documento, Carrillo señala que el 25 de septiembre de 2014, los 121 diputados votaron a favor de la elección de los actuales magistrados de la CSJ, con base en un acuerdo externo a las discusiones del pleno del Congreso y previamente establecido entre dirigentes del Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Lider) para asegurar sus intereses particulares.
De acuerdo con el denunciante, con esta acción los funcionarios atentaron contra la independencia del Organismo Judicial y pusieron en riesgo a los ciudadanos, ya que los fallos judiciales podrían dictarse sesgadamente, atendiendo a favores o compromisos políticos.
Las pruebas aportadas por Carrillo son abundantes. Treinta tres documentos que rescatan las declaraciones que se dieron en el marco de la sesión del 25 de septiembre, en las que algunos diputados denunciaron la “componenda” entre los partidos mayoritarios; además de las declaraciones del mismo presidente Otto Pérez Molina, quien en una entrevista radial admitió que su partido llegó a un acuerdo con Lider.
Entre otras evidencias aportadas se encuentra la denuncia planteada por la exmagistrada Claudia Escobar Mejía contra el diputado del PP, Gudy Rivera, quien presuntamente le ofreció la reelección a cambio de un fallo favorable a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti. Por estos hechos, el diputado enfrenta antejuicio.
El artículo 203 de la Constitución establece que quienes atenten contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, serán inhabilitados para ejercer cualquier cargo público.
“Las pruebas son contundentes. Con esto lo que se busca es depurar el Congreso inmediatamente, e impedir que ellos puedan ser candidatos para las próximas elecciones.
Esto es muy importante porque todos los problema del país están concentrados en el Congreso, esto lo que está buscando es un alto a los abusos, ellos no deberían estar en sus cargos”, explicó el abogado denunciante.
La acción penal deberá ser enviada a la CSJ para que ésta determine si es conveniente o no retirar la inmunidad de los congresistas.
El abogado señaló que aquellos ciudadanos que quieran apoyar y promover la inhabilitación de por vida de los 121 diputados pueden adherirse como denunciantes.
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