Defensores en Línea..//La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denuncia y condena la lesión al derecho a la salud de todos los hondureños causados por los actos extremos de corrupción ocurridos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y estima que 350 millones de dólares. La situación es especialmente grave porque además de la corrupción, una necesidad básica de la ciudadanía, el acceso a la salud, fue violado.
El caso se convirtió en el foco de atención entre mayo 8-14, cuando el periodista de Radio Globo, David Romero, reveló que los actos involucrados el actual Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, el partido de gobierno, y de la falta de acción del poder judicial.
Los actos de corrupción implican la financiación del Partido Nacional a través de la creación de empresas ficticias, desviación de fondos, venta de medicamentos falsos y sobreprecios de todas las prestaciones de servicios sociales, entre otros.
Estas revelaciones dieron lugar a una serie de amenazas contra el periodista David Romero y han provocado una verdadera indignación por parte de la ciudadanía, expresado en numerosas protestas masivas.
"El clamor del pueblo de Honduras que se levantan contra la corrupción que se corruding su país y violando los derechos económicos, sociales y culturales de la población es abrumadora. " declaró Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.
"Los responsables deben ser juzgados y sancionados, y el dinero robado debe ser devuelto a la asistencia sanitaria de los hondureños".
La FIDH pide investigaciones efectivas contra los responsables de este desfalco y que son juzgado sin ocultar o minimizar las consecuencias pesados y los impactos sobre el derecho a la salud de los ciudadanos hondureños.
Es sorprendente que la Comisión Multipartidista creado para investigar "los avances relacionados con el caso de corrupción de IHSS y otros casos" ha decidido volver a examinar la caso de la financiación para el referéndum "cuarta urna" [1], haciendo caso omiso de los "Acuerdos de Cartagena" del 22 de mayo de 2011, que anuló ese proceso.
La FIDH considera que esta comisión no puede tratar de ocultar la gravedad de lo ocurrido a lo social la seguridad del pueblo hondureño, tratando de desviar la atención hacia el referéndum "cuarta urna".
