“La verdad sigue ausente. Los juicios se paran o enllentecen. En estos 10 años sólo hemos ubicado en Uruguay los restos de cuatro compañeros desaparecidos y sus asesinatos y desapariciones permanecen impunes”.
“Las acciones contradictorias de los últimos gobiernos han postergado un necesario impulso (...) de los tres poderes (del Estado uruguayo) en este sentido”.
"Desde el propio Ministerio de Defensa ha habido pronunciamientos que lesionan y en nada colaboran (...)
Pero también la Justicia tiene una enorme deuda con la sociedad (...)
Los jueces que han actuado se ha encontrado con una Suprema Corte de Justicia complaciente que ha trasladado jueces (...) Último ejemplo fue la decisión de absolver al policía Ricardo Zabala (en el caso del ex detenido-desaparecido Julio Castro): la sentencia adoptada por mayoría es gravísima (...)".
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Son algunas de las palabras pronunciadas por Ignacio Errandonea - en representación de 'Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos' - en el acto por el 1o. de Mayo organizado en Montevideo por la central sindical PIT-CNT, que, por su parte, en cadena nacional de radios y televisiones uruguayas, confirmó "el reclamo permanente" del movimiento sindical de Uruguay de verdad y justicia
>>> “La verdad sigue ausente”
Madre y Familiares de Detenidos Desaparecidos reclamó, durante el acto del 1º de mayo, profundizar la búsqueda de los detenidos desaparecidos y criticó “acciones contradictorias” de los últimos dos gobiernos en materia de búsqueda de “verdad y justicia”, y afirmó que, más allá de los avances registrados, “la verdad sigue ausente”.
01-05-2015
La organización “Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos” cuestionó, durante el acto del 1º de mayo, las “acciones contradictorias” que tuvieron los últimos dos gobiernos en materia de búsqueda de “verdad y justicia”, y afirmó que, más allá de los avances registrados, “la verdad sigue ausente”.
Ignacio Errandonea fue el encargado de leer la proclama. La misma decía que durante estos años los familiares aprendieron diversas cosas, entre ellas, a ser “persistentes”, que “la búsqueda no termina ni con la muerte, ya que el dolor no prescribe”, que “intentar dar vuelta una página de la historia sin leerla es condenarse a vivir sin pasado” y que “de la verdad no hay retorno”.
“También aprendimos que no estamos solos, que hay siempre manos tendidas dispuestas a ayudar y (…) que son muchos los que sienten a los desaparecidos como compañeros de la vida. Que todos somos familiares”, expresó Errandonea.
El activista destacó que la organización debió avanzar en diversas circunstancias, desde “los temores naturales” de los primeros años en dictadura, pasando “por gobiernos que no sólo fueron cómplices del pacto de silencio de las Fuerzas Armadas, sino que utilizaron todos los medios posibles para consagrar la impunidad e intentar el olvido”, hasta los gobiernos actuales donde “se dieron pasos muy importantes”.
Sin embargo, estos avances “siguen siendo absolutamente insuficientes”. “La verdad sigue ausente. Los juicios se paran o enlentecen. En estos 10 años sólo hemos ubicado en Uruguay los restos de cuatro compañeros desaparecidos y sus asesinatos y desapareciones permanecen impunes”.
“La falta de justicia sobre los crímenes del terrorismo de Estado sostenida durante tanto años, ha fortalecido la cultura de impunidad y los logros obtenidos, unos pocos militares y civiles condenados, no logran funcionar como una derrota a la misma”, señaló Errandonea. Asimismo, “las acciones contradictorias de los últimos gobiernos han postergado un necesario impulso, total y franco, de los tres poderes (del Estado) en este sentido”.
En este sentido, reclamó “una actitud más enérgica desde el gobierno” para lograr “avances más significativos” en esta búsqueda, y manifestó su “expectativa” en relación al grupo de trabajo por verdad y justicia creado por el presidente Tabaré Vázquez, y que este permita reunir elementos para conocer la verdad y juzgar a los responsables. “Sin el esclarecimiento de todos estos delitos de lesa humanidad no se construye una democracia verdadera”, agregó.
Erranodonea expresó que “la mentira y la ausencia de colaboración” brindada por los militares para el esclarecimiento de estos delitos “han sido la invariable respuesta a una sociedad a la que le reclaman una inmerecida reconciliación”.
En esta línea, cuestionó que los actuales comandantes “no asumen” la “responsabilidad institucional” de las FFAA en estos crímenes, al tiempo que no se dispone la apertura de los archivos de inteligencia ni se sometió a Tribunales de Honor a los “pocos condenados” por estos delitos.
Asimismo, cuestionó que desde el Ministerio de Defensa existieron pronunciamientos “que lesionan y en nada ayudan a adelantar en las investigaciones”, insistió que es el gobierno “quien debe denodadamente exigir y buscar información dentro de las FFAA para entregarla a los jueces, investigadores y víctimas” y fustigó la actuación de la Suprema Corte de Justicia, en torno a sus últimos pronunciamientos en materia de causas por violaciones a los derechos humanos, en base a una “interpretación perversa de la Ley de Caducidad”.
Una de las murallas existentes es “una SCJ complaciente y que se ha negado sistemáticamente a aplicar las leyes internacionales en materia de delitos de lesa humanidad”, y que en el reciente fallo del caso Julio Castro (absolvió al policía Ricardo Zabala) aplicó “nuevamente la infame Ley de Caducidad aduciendo ‘obediencia debida’ dejando al país una vez más sumido en la más absoluta impunidad”.
Por este motivo, Familiares realizó un llamado a la responsabilidad del Parlamento “a la hora de nombrar los ministros de la SCJ”. “Del Poder Legislativo depende que allí estén los que realmente han de impartir justicia”, exclamó Errandonea, ante el cerrado aplauso de los presentes.
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