La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, liderado por el fiscal Eric Holder, acusó a la policía de Ferguson de actuar bajo prejuicios raciales.
No son los únicos. Hay más de 20 otras policías en todo EE.UU. que están siendo objeto de investigación por presuntos abusos.
¿Dónde están estos otros Ferguson?
Albuquerque, Nuevo México
Tras una serie de tiroteos, el Departamento de Justicia dijo en noviembre de 2012 que comenzaría a investigar la fuerza policial de Albuquerque.
Desde 2010 hubo al menos 41 disparos de la policía que resultaron en 27 muertes.
El tiroteo a un mendigo con trastornos mentales captado en video en marzo de 2014 provocó protestas y violencia.
Las autoridades locales y el FBI iniciaron una investigación sobre el incidente y dos oficiales fueron acusados de asesinato.
En abril del año pasado, el Departamento de Justicia acusó a la policía que vigila la ciudad más poblada de Nuevo México de usar rutinariamente fuerza excesiva contra personas que representaban poca amenaza o se resistían pasivamente.
Los oficiales fueron rara vez castigados por puñetazos, patadas, y aprehensiones violentas.
El organismo federal también dijo que los agentes utilizan más fuerza de la necesaria en personas con enfermedades mentales o que no son capaces de cumplir las órdenes dadas.
Tiempo después del informe, el departamento acordó una serie de reformas destinadas a reducir el uso de la fuerza. También se les pidió a sus funcionarios que empezaran a usar cámaras con mayor frecuencia y se realizaron entrenamientos para enseñarles cómo tratar con personas con trastornos mentales.
Condado de Alamance, Carolina del Norte
“Vayan a dar una vuelta y me traen unos mexicanos”, fue la orden que el Sheriff del condado de Alamance, Terry Johnson, le dio a sus ayudantes.
El Departamento de Justicia acusó al sheriff de acosar a los latinos de manera ilegal, mediante el establecimiento de controles de carretera en vecindarios predominantemente latinos y el arresto de residentes latinos sin causa aparente.
Los investigadores afirman que los conductores latinos tenían hasta 10 veces más probabilidades de ser detenidos por una infracción de tránsito que otros conductores en este pequeño condado de Carolina del Norte.
Pero el sheriff Johnson, a través de su abogado, negó los cargos. Y a diferencia de muchas otras agencias que han sido objeto de investigaciones federales, la oficina del sheriff del Condado de Alamance rechazó la oferta del Departamento de Justicia para firmar un acuerdo judicial que proceda con las reformas.
En respuesta, el Departamento de Justicia demandó a la oficina del sheriff, en un caso que aún no se ha resuelto.
“A diferencia de la mayoría de los municipios, acá están luchando fuertemente contra la intervención que intenta realizar el Departamento de Justicia”, dice Stephen Rushin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois, quien se especializa en mala conducta policial.
“Es primera vez que pasa y plantea una pregunta importante y sin respuesta: ¿puede el Departamento de Justicia revisar una agencia que se opone rotundamente la intervención federal?”.
Newark, Nueva Jersey
A diferencia del condado de Alamance, el Departamento de Policía de Newark rápidamente cooperó con los investigadores federales después de un informe condenatorio donde el Departamento de Justicia dijo que había incurrido en “un patrón y práctica inconstitucional de la labor policial”.
El verano pasado el Departamento de Justicia anunció los resultados de una investigación de tres años y dijo que la policía fue incapaz de proporcionar una razón que justificara el 75% de las detenciones. Estas, además, se dirigían de manera desproporcionada a los negros.
También encontró que los oficiales tenían un “patrón o práctica de robo de la propiedad de los ciudadanos”, y tenía el hábito de usar fuerza excesiva.
Los oficiales también fueron acusados de detener o arrestar a personas que consideraban irrespetuosos, lo que viola el derecho ciudadano a protestar.
Las autoridades en Newark inmediatamente acordaron una serie de reformas, que serán supervisadas por un ente independiente.
Nueva Orleans, Luisiana
Días después de asumir el cargo en mayo de 2010 de alcalde de Nueva Orleans, Mitch Landrieu, envió una carta al Departamento de Justicia solicitando que se investigara el departamento de policía de la ciudad, famoso por sus escándalos.
La policía estaba en la mira por una serie de tiroteos realizados tras la devastación del huracán Katrina.
En la carta publicada en la página web del diario The Times-Picayune, el alcalde dijo que algunos oficiales habían estado implicados en crímenes violentos, incluyendo violación.
Un año después, en marzo de 2011, el Departamento de Justicia publicó un informe que dijo que los agentes habían actuado con prejuicios raciales, usado rutinariamente fuerza excesiva y sin razón suficiente para ello, y que regularmente se realizaban arrestos inconstitucionales.
Casi tres años después de que el alcalde pidiera la intervención federal, se aprobó en enero de 2013 un preacuerdo entre la municipalidad y el Departamento de Justicia.
El acuerdo obligó a la policía a reformar sus políticas relativas al uso de la fuerza, los interrogatorios, la formación, los registros y las detenciones, así como la contratación y supervisión de los oficiales.
Investigaciones en números
En los últimos 20 años el Departamento de Justicia ha iniciado al menos 65 investigaciones.
32 han llegado a acuerdo para iniciar reformas.
Hay 18.000 agencias de policía a lo largo del territorio.
Cinco investigaciones en los últimos cinco años no han encontrado evidencia de malas prácticas.
Paul Blake/BBC
