Por: Paula Martínez Alonso//
Mañana 28 de octubre, por vigésimo tercera ocasión, se presentará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.
Como ha sido el caso en los últimos años, la abrumadora mayoría de los Estados miembros de la ONU con toda certeza reafirmarán su apoyo a esta resolución, y ratificarán así el aislamiento internacional total de la política de guerra económica del Gobierno de Estados Unidos contra nuestro país.
A pesar del rechazo universal a esta política inhumana y de creciente alcance extraterritorial, que rebasa el marco de las relaciones bilaterales y provoca graves afectaciones no solo a Cuba y su pueblo, sino también a entidades y ciudadanos de terceros países, incluyendo norteamericanos, y del fracaso rotundo de su propósito declarado de provocar el derrocamiento del gobierno y doblegar a la nación cubana, el Gobierno de Estados Unidos no solo ha mantenido intacto el bloqueo, sino que lo ha recrudecido, particularmente en el área financiera.
Desde los primeros años de la Revolución, las finanzas externas cubanas fueron uno de los principales blancos de la política de asfixia económica del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Entre las primeras medidas en esta esfera estuvieron la denegación de préstamos, el congelamiento de todos los activos y de los fondos depositados en bancos norteamericanos por ciudadanos y entidades cubanas, la prohibición del uso del dólar estadounidense en nuestras operaciones financieras, la suspensión de las inversiones estadounidenses y los intentos de impedir las extranjeras, y la oposición de Estados Unidos al otorgamiento de asistencia y facilidades crediticias a Cuba por parte de las instituciones financieras internacionales.
En fecha tan temprana como el 1ro. de julio de 1959, la Oficina de Asuntos Económicos Regionales del Departamento de Estado, al referirse a las perspectivas económicas de Cuba y las propuestas de acciones de Estados Unidos, afirmaba que “…existen otras armas en el arsenal de la guerra económica: prohibición de préstamos públicos o privados, tratamiento comercial discriminatorio, desaliento a la inversión e impedimento de las transacciones financieras”. La Operación Mangosta de 1962, vasto plan de acciones subversivas y terroristas dirigido a desestabilizar a Cuba, también incluyó medidas en el ámbito económico-financiero, bajo el supuesto de que “la Revolución podía ser debilitada y destruida si el flujo de dólares hacia el país se interrumpía a través de la pérdida de las líneas de crédito”.
El arma financiera, que ha sido un componente permanente del bloqueo desde hace 55 años, se ha convertido en los últimos años en uno de los instrumentos predilectos de la política exterior de Estados Unidos. El actual gobierno norteamericano ha defendido la utilización de esta herramienta para asegurar la primacía de Estados Unidos y su involucramiento en los asuntos mundiales, no necesariamente a través del poderío militar. Como resultado, las sanciones financieras contra diversos países, incluyendo Cuba, se han estado aplicando más agresivamente y se han perfeccionado los mecanismos para su implementación.
En el caso de nuestro país, las acciones de Estados Unidos en el sector financiero se sustentan, además, en la injusta e insostenible inclusión de Cuba, por 35 años, en la lista de “Estados patrocinadores del terrorismo internacional”, decisión políticamente motivada e infundada que ofende profundamente al pueblo cubano.
Desde el año 2010 hasta la fecha, se han registrado alrededor de 130 acciones del bloqueo contra Cuba que han tenido manifestaciones extraterritoriales, de las cuales 81 califican como actos de persecución financiera.
Se han incrementado exponencialmente las multas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra entidades estadounidenses y extranjeras, en su mayoría bancos, por realizar transacciones con Cuba y otros países sujetos a sanciones. En los últimos diez años, el monto total de estas penalidades asciende a la cifra astronómica de 11 638 millones 615 979 USD.
Como consecuencia, importantes bancos europeos y estadounidenses se han visto obligados a entregar a las arcas del gobierno y de instituciones estaduales norteamericanas miles de millones de dólares por supuestas violaciones de los regímenes de sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Cuba y otros países, que tienen la particularidad de ser las únicas legislaciones nacionales con un ámbito de aplicación en terceros Estados, incluidos sus propios aliados.
El acoso a las operaciones bancarias cubanas, que se ha convertido en una verdadera guerra financiera de Estados Unidos contra Cuba, impone grandes obstáculos al desarrollo de nuestro país. Todas las esferas de la vida económica y social cubanas han sido golpeadas, desde la obstaculización de transferencias para la adquisición de equipos para el tratamiento del cáncer en pacientes pediátricos hasta los pagos de aranceles consulares por parte de ciudadanos cubanos residentes en el exterior.
Estas medidas han llegado al extremo de afectar a las misiones diplomáticas cubanas, incluyendo la Sección de Intereses de Cuba en Washington, que desde el mes de febrero del presente año carece de servicios bancarios para cumplir sus funciones habituales y prestar servicios consulares normales, con el impacto negativo que ello tiene en las visitas familiares y los viajes entre los dos países.
El fortalecimiento del cerco financiero contra Cuba evidencia que el Gobierno de Estados Unidos no ha renunciado al bloqueo como uno de los pilares de su política de hostilidad hacia nuestro país. Confirma también que, tras más de cinco décadas, continúa vigente la filosofía que llevó a la imposición de esta política cruel, dirigida, al decir del subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Lester Mallory, en abril de 1960, a fomentar el “desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas…”, a “negarle dinero y suministros a Cuba…a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.
La guerra económica y financiera que el Gobierno de Estados Unidos insiste en mantener contra Cuba, constituye una flagrante violación de la soberanía de los Estados, las normas del libre comercio y del Derecho Internacional, en abierto desafío al sentir de la mayoría abrumadora de las naciones del mundo y de sectores de la sociedad estadounidense cada día más amplios, que reclaman el fin del bloqueo económico, financiero y comercial más implacable y prolongado que se haya aplicado jamás contra país alguno.
