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Alrededor de 80 organizaciones civiles de distintos países, e intelectuales como Noam Chomsky, Eduardo Galeano, Javier Sicilia, Michael Löwy y John Holloway, entre otros, se pronunciaron contra “las acciones violentas” de los gobiernos de Puebla y Morelos hacia los pueblos campesinos que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM).
“L@s abajo firmantes denunciamos y repudiamos enérgicamente las acciones violentas de los gobiernos de Puebla y Morelos al intentar acallar encarcelando las voces de los pueblos campesinos organizados que con dignidad ejercen su derecho a la autodeterminación”, subraya el escrito presentado hoy en esta capital.
De acuerdo con el texto, los gobiernos de Rafael Moreno Valle, en Puebla, y Graco Ramírez Garrido, en Morelos, desataron una espiral de violencia que incluye una serie de hostigamientos, amenazas y aprehensiones arbitrarias de luchadores sociales y dirigentes de movimientos campesinos opuestos al PIM y al libramiento Poniente.
“Las detenciones se realizaron haciendo uso excesivo de la violencia y sin presentación de órdenes de aprehensión. En Puebla fueron civiles los que hicieron las retenciones y en el caso de Morelos se utilizaron gases lacrimógenos y hubo disparos”, apunta el documento.
La oposición a la construcción del Libramiento Poniente y al Proyecto Integral Morelos –que incluye dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto–, señala, se debe a que afectaría tierras de cultivo y fuentes de agua de las que dependen comunidades de Puebla, Tlaxcala y Morelos, así como por el alto riesgo que representa el gasoducto.
En su texto, los firmantes denuncian “el autoritarismo y la imposición, por parte del gobierno de Puebla, de ‘proyectos de muerte’ que se pretende instalar en comunidades campesinas indígenas de la Sierra Norte (87 concesiones mineras, más de 10 proyectos hidroeléctricos, la extracción de gas y petróleo con fractura hidráulica)”.
Prosigue:
“Con todo ello ignoran la rotunda negativa de miles de campesinos y campesinas a dejar de trabajar y cuidar los bienes comunes que no son mercancías: la tierra, el agua. Esos ‘proyectos de muerte’ ponen en riesgo de ser desplazados y despojados de su principal sustento a esos campesinos y campesinas”.
Y acusan al gobierno de Moreno Valle de actuar como promotor de dichos proyectos y de favorecer los intereses económicos de grandes empresas nacionales y transnacionales, “a las cuales poco o nada les importan las devastadoras consecuencias sociales y ambientales” que podrían provocar.
“Estamos en un momento de sumo peligro, porque estos hechos no son anomalías o manifestaciones aisladas, sino evidencias de una acción concertada de violencia y represión a cualquier forma de oposición a las políticas económicas neoliberales promovidas por el Estado”.
También mencionan las amenazas en contra de defensores de derechos humanos e integrantes de las agrupaciones de resistencia.
“Con esta represión, los gobiernos intentan producir a través del terrorismo de Estado una parálisis de la resistencia social”.
Y más:
“Lo que hoy estamos viviendo como aberraciones y graves violaciones a derechos humanos se convertirán en norma de vida cotidiana, aplastando cualquier proyecto democrático auténtico, si hoy no reforzamos nuestras luchas y nuestra solidaridad para la construcción de caminos de resistencia contra esta embestida reaccionaria”.
Los firmantes exigen la liberación de la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas; de Juan Carlos Flores Solís, defensor de derechos humanos, y de Abraham Cordero Calderón, integrante del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada.
También piden que cesen las intimidaciones en contra del comisario de Bienes Comunales de San Juan Amecac, Avelino Velázquez Tapia; el académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Ricardo Pérez Avilés; el estudiante de sociología, Alberto Melchor Montero, y el abogado Raúl Rodríguez, defensor de Abraham Cordero Calderón.
“Responsabilizamos a los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Rafael Moreno Valle, Graco Ramírez y Mariano González de cualquier agresión física y emocional a defensores de derechos humanos, académicos y ciudadanos organizados para defender su territorio y su vida ante la imposición de ‘proyectos de muerte’. Exigimos a dichos gobiernos la cancelación de órdenes de aprehensión existentes contra activistas sociales”, remata el escrito firmado por 90 intelectuales y 80 organizaciones civiles de México, Estados Unidos, Francia, Italia, Uruguay, Argentina, Venezuela, Canadá, Ecuador, Bolivia, España, Guatemala, Austria, Costa Rica, Alemania y Colombia.
Por separado, agrupaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos y de movimientos sociales anunciaron este jueves la formación de un frente común para exigir al gobierno de Puebla que cese la represión.
Entre las agrupaciones que se integraron en este frente destacan: Tetela Hacia el Futuro, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Consejo Tiyat-Tlali, Consejo Democrático Magisterial Poblano, Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla, Asamblea Social del Agua, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos, y la coordinación de la Pastoral de Migrantes en la Arquidiócesis de Puebla.
