PL – La insurgencia colombiana afirmó hoy aquí que el expresidente Álvaro Uribe merece sanciones y procesos judiciales por promover la violencia en el país y arremeter contra los derechos de millones de personas. La denuncia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) durante el XXIII ciclo de pláticas de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos fue motivada por recientes declaraciones de Uribe que expresan su indisposición con la presunta impunidad para los guerrilleros tras el fin del conflicto.
En esas afirmaciones el exmandatario dijo que los autores de delitos atroces no pueden integrarse a la vida política nacional.
Según el comunicado de las FARC-EP, tal lógica inhabilita a Uribe, pues está inmerso en crímenes internacionales.
Los guerrilleros destacaron que un individuo como él, identificado como uno de los máximos responsables en Colombia de la violencia ejercida desde el poder contra los de abajo, no puede aspirar al perdón.
Además, refirieron el vínculo del político con mafiosos y narcotraficantes confesos y señalaron que alcanzó la presidencia con ayuda de los fusiles de los capos paramilitares, el fraude electoral y el capital procedente del negocio de las drogas.
Las conversaciones de paz en La Habana discurren sobre la cuestión de los estupefacientes ilícitos, tercer tema en tratarse de una agenda de seis puntos.
AQUI LA DECLARACION DE LAS FARC:
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, abril 6 de 2014
Dijo Uribe a la agencia EFE, refiriéndose al proceso de paz de La Habana, estar dispuesto a aceptar una “reducción” de las sentencias a los miembros de la guerrilla, “pero no la impunidad”…
Si esta expresión saliera de los labios de un querubín celestial, vaya y venga, porque lo diría la inocencia alada.
Y también dijo ese presidente –quien le cumplió a Pablo Escobar el sueño de lucir sobre su pecho la banda presidencial-, que los autores de “delitos atroces” no pueden integrarse a la vida política nacional…
Para muchos colombianos informados, debió mirar primero la viga de sus ojos y luego la paja en el ojo ajeno. Un personaje como él, inmerso como está en crímenes internacionales, en lugar de estar simulando ser un hombre de Dios, debiera estar preparando su defensa ante los entramados jurídicos que siguen sus rastros ensangrentados.
Un individuo, como Uribe, identificado plenamente como uno de los máximos responsables de la violencia ejercida desde el poder contra los de abajo, no podría tener perdón, porque “la impunidad humilla a la sociedad y constituye un mal ejemplo que genera nuevas violencias”, si nos atenemos a sus propias palabras.
En Colombia se han repudiado con dolor de humanidad los denominados “falsos positivos”, que dejaron sin vida, tendidos en los campos, a centenares de muchachos inocentes con sus cuerpos tiroteados bajo un uniforme limpio y no agujereado por las balas y con un arma que jamás portaron sus manos de albañiles o de labradores, para difundir sus muertes como las de guerrilleros muertos en combate.
Nada ha dicho la Fiscalía sobre los autores intelectuales de estos tristes crímenes de lesa humanidad aunque se conozca la directiva 029 del Ministerio de Defensa, firmada por su titular, Camilo Ospina, que tenía como su jefe inmediato a Álvaro Uribe, Presidente de la República. Sí. Que no haya más impunidad que humilla, como clama el personaje que durante ocho años desde la primera magistratura, arrolló con sus cascos de bestia, los derechos humanos de millones de colombianos.
Sí. Que no haya impunidad para quien desde la gobernación de Antioquia regó de muertos, con su hermano Santiago y su banda paramilitar los “Doce Apóstoles”, a Yarumal y el norte del Departamento. Que planeó la masacre del Aro y que no explicó por qué el helicóptero de la Gobernación sobrevolaba el caserío en el momento en que se desarrollaba la masacre. Que lanzó contra Urabá, como perro de presa contra la gente, a Rito Alejo Del Río. Que hizo matar a defensores de derechos humanos, como José María Valle…
Sí. Que no haya impunidad para quien llegó a la presidencia con la ayuda de los fusiles humeantes de los capos paramilitares, Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Jorge 40; con el fraude electoral, en una democracia tan amplia, que hasta los muertos votan. Que no haya impunidad para quien financió sus campañas a la Presidencia con maletas repletas de dólares del narcotráfico aportadas por aquellos. Y dicen que hay por ahí extraviados muchos de esos millones en los bolsillos de su ministro del interior, Sabas Pretel. Que no haya impunidad para quien les dio a los paramilitares la dirección del DAS, organismo de seguridad convertido por “el muchacho bueno”, Jorge Noguera, en el cartel de las “Tres Letras”; el mismo que les ayudó a abrir las rutas del narcotráfico hacia México y los Estados Unidos. Que no haya impunidad para quien recibió en el Palacio de Nariño, sede del gobierno nacional, a la tenebrosa “Oficina de Envigado” para orquestar la desestabilización contra las altas cortes colombianas. Que para proteger la exportación de cocaína de Hernán Giraldo desde la Sierra Nevada de Santa Marta, echó de la policía del Magdalena al coronel Pardo Ariza. Que mandó a la cárcel a Jidis Medina porque denunció su maniobra de quebrar el cuello a la Constitución para imponer su reelección presidencial inmediata, que no permitía la normativa de la Carta Magna. Que protege en Panamá a su heroína de las escuchas ilegales, María del Pilar Hurtado, y en algún lugar a Luis Carlos Restrepo, el hombre de los montajes de sospechosas desmovilizaciones en el proceso de los “paras”. Sí. Que no haya impunidad para el Presidente que otorgó a sus hijos, zonas francas y negocios de Estado, para que se enriquecieran de la noche a la mañana. Que no ha explicado todavía quién está tras la muerte de Pedro Juan Moreno, su compinche, que amenazaba con denunciar la podredumbre corruptora del narcotráfico, si llegaba al Senado de la República. Le debe Uribe esclarecer al país, cómo siendo el comandante supremo de la parapolítica, no se le sigue, por ahora, ningún proceso judicial.
Cómo explica su vínculo con el general Santoyo, confeso mafioso, quien después de fungir como jefe de su esquema de seguridad personal, terminó condenado en los Estados Unidos por narcotráfico.
Sí. Que no haya impunidad para quien autorizó a Pablo Escobar docenas de pistas para el trasiego de cocaína, según denuncia reciente de la principal amante del capo, Virginia Vallejo. Sin la ayuda de ese “muchachito bendito”, le confesó Escobar, estaría trayendo la pasta de coca a pie desde Bolivia, tal como lo reveló a la revista argentina, Noticias.
Y si seguimos articulando la lista de su trayectoria gansteril, esta se convertiría en una luctuosa historia sin fin de sus escandalosos desafueros. Lo saben muy bien los colombianos.
Sí. Que no haya impunidad. De acuerdo, Uribe. El relato de la historia de la violencia no podrá soslayar una vida tortuosa signada por el crimen.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
