El Congreso de Honduras aprobó el lunes en la noche una reforma constitucional para instituir en la carta magna la existencia de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), creada a través de una ley impulsada en agosto por el presidente del Parlamento, Juan Orlando Hernández, electo presidente del país en noviembre, y que asumirá el 27 de enero en la nación, considerada la más violenta del mundo.
Bertha Oliva, coordinadora del no gubernamental Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), manifestó ayer que con la reforma, los diputados “están mandando mensajes a la comunidad internacional de que aquí las cosas andan mal porque (…) la militarización no es un ejemplo de democracia.
Oliva estimó que la primera acción del próximo Congreso, debería ser “no ratificar la reforma”. Según Oliva, pese a ser de reciente constitución, “ya hay hechos (que demuestran que) esta Policía Militar violenta los derechos humanos”.
Los miembros del nuevo cuerpo han allanado domicilios de miembros de la oposición política, particularmente del Partido Libertad y Refundación (Libre), del expresidente Manuel Zelaya, buscando armas que no existen, aseguró Oliva.
Libre se opuso a la ley que crea el cuerpo cuando se tramitó en agosto, argumentado que Hernández la impulsaba como parte de su campaña electoral, cuyo eje fue la promesa de combatir la criminalidad.
Grupos humanitarios y la izquierda aseguran que el nuevo cuerpo militar no está concebido para combatir al crimen organizado, sino para reprimir a los opositores políticos.
Estos sectores temen que se intenten revivir las estructuras represivas que en la década de 1980 desaparecieron y asesinaron a decenas de dirigentes sociales y políticos, en el marco de la guerra fría.
El excandidato a vicepresidente por Libre, Juan Barahona, declaró que la Policía Militar “no es necesaria porque tenemos la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas (de la que depende la PMOP) están legalmente constituidas”.
Votos Necesarios.
El diputado por Libre, Rafael Alegría, expresó que “en la próxima legislatura no hay condiciones como para una ratificación” de la reforma, que fue aprobada con 109 votos a favor y tres abstenciones, pero tiene que ser ratificada por la próxima legislatura, en la que el Partido Nacional (PN) de Hernández no contará con mayoría.
La legislación establece que las reformas constitucionales deben ser aprobadas por al menos 86 diputados, equivalentes a dos tercios de los 128 miembros del Congreso, cifra lejana a los 49 diputados electos por el oficialismo. Los 79 escaños restantes quedaron entre siete partidos de oposición.
LA PRENSA
