En Argentina, tres exdirectivos de la filial Ford se encuentran bajo investigación por un caso del secuestro de trabajadores durante la última dictadura militar (1976-1983), informaron el martes los responsables judiciales.
Los procesamientos pesan sobre el exgerente de Manufactura, Pedro Müller; exgerente de Relaciones Laborales, Guillermo Galarraga; y exjefe de seguridad, Héctor Francisco Jesús Sibilla.
La orden de esta investigación fue realizada por la jueza federal, Alicia Vence, quien está encargada de investigar el secuestro de 24 obreros de la planta de Ford, acaecido entre el 24 de marzo y 20 de agosto de 1976.
La jueza Vence imputa, asimismo, a Müller, Galarraga y Sibilla el “haber arbitrado los medios necesarios para señalar e indicar” quiénes eran determinados delegados y empleados de la planta “para que de ese modo pudieran ser detenidos por las fuerzas militares y así ejecutar el plan de represión implementado por el entonces gobierno militar en el interior de esa empresa”.
De acuerdo con la magistrada argentina, estos hombres habían permitido que “se montara un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica (donde los trabajadores) fueron golpeados, maniatados, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría y golpeados por el personal que intervino”.
En este contexto, la jueza del caso ordenó trabar embargo sobre los bienes de los recién mencionados, cada uno hasta cubrir la suma de unos 143 mil dólares, además de que éstos no deben estar fuera de sus hogares por más de 24 horas. Asimismo, están obligados a informar cualquier cambio de residencia y comparecer mensualmente ante la Policía.
Zss/rh/ab/
Los procesamientos pesan sobre el exgerente de Manufactura, Pedro Müller; exgerente de Relaciones Laborales, Guillermo Galarraga; y exjefe de seguridad, Héctor Francisco Jesús Sibilla.
La orden de esta investigación fue realizada por la jueza federal, Alicia Vence, quien está encargada de investigar el secuestro de 24 obreros de la planta de Ford, acaecido entre el 24 de marzo y 20 de agosto de 1976.
La jueza Vence imputa, asimismo, a Müller, Galarraga y Sibilla el “haber arbitrado los medios necesarios para señalar e indicar” quiénes eran determinados delegados y empleados de la planta “para que de ese modo pudieran ser detenidos por las fuerzas militares y así ejecutar el plan de represión implementado por el entonces gobierno militar en el interior de esa empresa”.
De acuerdo con la magistrada argentina, estos hombres habían permitido que “se montara un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica (donde los trabajadores) fueron golpeados, maniatados, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría y golpeados por el personal que intervino”.
En este contexto, la jueza del caso ordenó trabar embargo sobre los bienes de los recién mencionados, cada uno hasta cubrir la suma de unos 143 mil dólares, además de que éstos no deben estar fuera de sus hogares por más de 24 horas. Asimismo, están obligados a informar cualquier cambio de residencia y comparecer mensualmente ante la Policía.
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