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Los nueve ex militares acusados por la matanza de sacerdotes
jesuitas en El Salvador en 1989 rechazan su extradición solicitada por
la Audiencia Nacional de España, debido a que desconocen la
jurisdicción de ese tribunal sobre el caso, reporta teleSUR.
Instaron al presidente Mauricio Funes para realizar “una enérgica
condena” al Gobierno de Madrid por “la clara violación” de la soberanía
nacional.
“Rechazamos categóricamente las acusaciones que se nos pretenden
imputar en la querella presentada en el Juzgado Central de Instrucción
número 6 de la Audiencia Nacional de España, sobre hechos ocurridos
durante el conflicto armado que nos tocó vivir”, señalaron los ex
militares en un comunicado publicado este martes en un diario
salvadoreño.
A través del documento, los militares exhortaron al presidente de El
Salvador, Mauricio Funes, para realizar “una enérgica condena” al
Gobierno de España por “la clara violación” de la soberanía nacional y
por la “intromisión” del juez español Eloy Velasco en asuntos que
“únicamente” competen a la jurisdicción salvadoreña.
Este martes, el juez décimo segundo de paz, Carlos Calderón, informó que los militares se encontraban en “resguardo voluntario”.
Asimismo, Calderón se declaró “incompetente” para ventilar el caso,
que junto a las órdenes de detención anexadas a la solicitud de
extradición por parte de las autoridades de España ahora pasará a la
Corte Suprema de Justicia (CSJ). El Tribunal deberá nombrar un “juez
ejecutor”, dijo.
La CSJ decidirá el futuro de los nueve ex militares, que negaron
este martes haber participado en este crimen por el cual España
solicita su extradición para ser juzgados en el país europeo, informó
la prensa internacional.
Los nueve militares permanecen en el cuartel de San Salvador (capital).
El pasado 31 de mayo, la Audiencia Española, a través de Velazco,
emitió una orden de búsqueda y captura internacional contra 20 ex
militares salvadoreños, además de su prisión provisional, sin fianza,
por el asesinato de ocho personas, entre ellos cuatro sacerdotes
jesuitas durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992).
La Audiencia Nacional de España consideró en esta oportunidad que el
juicio local que en 1992 condenó a militares salvadoreños por el
asesinato de los sacerdotes jesuitas fue un fraude “que tuvo la
cobertura de un proceso formal”.
Entre los uniformados que son señalados por este delito se
encuentran los generales Rafael Humberto Larios (ex ministro de la
Defensa), Orlando Zepeda (ex viceministro) y Rafael Bustillo (ex
comandante de la aviación) quienes desconocieron la jurisdicción de los
tribunales españoles en el caso que fue juzgado en 1992 por las leyes y
jueces salvadoreños.
Los otros militares que están siendo solicitados por el caso son:
Francisco Helena Fuentes, Mariano Amaya Grimaldi, José Ricardo
Espinoza, Gonzalo Guevara, Antonio Ramiro Ávalos y Tomás Zárpate
Castillo.
La noche del 16 de noviembre de 1989, militares salvadoreños
irrumpieron en la Universidad Centroamericana (UCA) y asesinaron a
balazos a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, rector, Ignacio
Baró, vicerrector, Segundo Montes, Amando López y Juan Moreno, así como
al salvadoreño Joaquín López.
Además, mataron a una empleada doméstica y a su hija de 16 años.
Diez militares salvadoreños fueron condenados por los homicidios en
1991, pero una ley de amnistía para crímenes de la guerra civil
salvadoreña (1980-1992) los dejó en libertad en 1993.
Fuentes: teleSUR / elmundo.com.sv / prensagrafica.com
