La Corte Suprema de Justicia de Bolivia sentenció este martes en Sucre a
cinco ex jefes militares y a dos ex ministros en el juicio de
responsabilidades por genocidio que se instauró hace ocho años al ex
Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores.
Los ex jefes
militares Roberto Claros y Juan Veliz Herrera fueron condenados a 15
años y seis meses de reclusión; el general José Quiroga y el almirante
Luis Alberto Aranda, a 11 años de presidio, y el general Gonzalo
Mercado, a 10 años.
Los ex ministros de Medio Ambiente y de Trabajo
Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, respectivamente, fueron
condenados a tres años de reclusión por el cargo de complicidad por
genocidio.
El abogado defensor de las familias de las víctimas Rogelio
Mayta consideró establecidas las condiciones para "extraditar" al ex
mandatario refugiado en Estados Unidos.
El juicio de responsabilidades,
por la denominada masacre de octubre de 2003, que se saldó con la
muerte de más de 60 personas y más de 500 heridos, se inició el 22 de
octubre de 2003 con la primera denuncia presentada ante el Fiscal
General de la Nación.
El 18 de mayo de 2009 se instaló el juicio oral a
Sánchez de Lozada y sus colaboradores acusados de genocidio, lesiones
gravísimas, lesiones graves y leves, vejaciones y torturas, delitos
contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilio o sus
dependencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. En
el juicio declararon al menos 320 testigos entre ellos ex presidentes,
viceministros, dirigentes y otras autoridades.
Los únicos
Ministros que respondieron al proceso presente fueron Kuajara y Reyes
Villa, quien es hermano del ex prefecto de Cochabamba Manfred Reyes
Villa, quien igualmente huyó a Estados Unidos.
Otros ex ministros de
Sánchez de Lozada huyeron al exterior. Junto a Sánchez de Lozada
salieron a Estados Unidos a mediados de octubre de 2003 Carlos Sánchez
Berzaín y Jorge Berindoague. Mientras que los ex ministros Mirtha
Quevedo, Javier Tórrez, Jorge Torres Obleas y Dante Pino Archondo se
refugiaron en Perú.
"En nombre del Estado Plurinacional de Bolivia
por unanimidad y en única instancia falla: declarar a Roberto Claros
Flores y a Juan Veliz Herrera, autores mediatos del delito de genocidio
bajo la modalidad de masacre sangrienta condenando a la pena de presidio
de 15 años y seis meses a cada uno", señala la sentencia leída después
de varios días de deliberación.
Los ex militares
sentenciados formaron parte del Alto Mando Militar del ex presidente
Sánchez de Lozada: Claros Flores fue Comandante de las Fuerzas Armadas;
Rocabado Mercado Jefe de Estado Mayor de las FFAA; Veliz Herrera,
Comandante del Ejército; Aranda Granados, Comandante de la Fuerza Naval y
Quiroga Mendoza, Comandante de la Fuerza Aérea.
El fallo
puntualiza que todos los sancionados deben cumplir la sentencia en el
penal de San Roque de la ciudad de Sucre, la capital constitucional de
Bolivia.
"Declarando a Erik Reyes Villa y Adalberto Kuajara
autores mediáticos en grado de complicidad en delito de genocidio bajo
la modalidad masacre sangrienta, condenándoles a la pena de presidio de 3
años a cumplir en el penal de San Roque", complementa la sentencia en
referencia a los dos ex ministros de Sánchez de Lozada.
El 14 de
octubre de 2004 el Congreso autorizó el juicio por dos tercios de votos
del total de los miembros y en diciembre de 2005 la Sala Penal Primera
impuso medidas cautelares a los ex ministros del Gobierno de Sánchez de
Lozada, que huyó a Estados Unidos tras la revuelta popular que se opuso a
su idea de vender gas natural a Estados Unidos por puertos chilenos.
El
abogado defensor de las familias de las víctimas de la represión
militar de septiembre y octubre de 2003, Rogelio Mayta, consideró
establecidas las condiciones para "extraditar" al ex presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada (2002-03), refugiado en Estados Unidos desde hace ocho
años.
"Estamos listos para conseguir nuestro próximo reto que es
la extradición de Sánchez de Lozada.
Éste es nuestro próximo camino y
estaremos seguramente prestos a seguir luchando", afirmó un sereno Mayta
luego de escuchar las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, en la
ciudad de Sucre, sede del Poder Judicial boliviano.
La sentencia, que
Mayta calificó de histórica, fue leída en la sala de la Corte Suprema
poco después del mediodía.
Mayta, que representa a los familiares
de 67 muertos y cerca de 500 heridos de bala durante la represión
militar que bañó en sangre una insurrección popular alzada, en las
ciudades de El Alto y La Paz, contra la decisión de Sánchez de Lozada de
exportar gas a Estados Unidos y México por una puerto de Chile, dijo
que este momento será reconocido como "hito" en la historia de la
justicia y política bolivianas.
"Nunca antes dentro un gobierno
democrático se había sancionado a un gobierno también democrático, el de
Sánchez de Lozada", afirmó.
Con tal antecedente, el segundo desde 1989,
cuando la Corte Suprema sentenció a 30 años de cárcel sin derecho a
perdón judicial al ex dictador militar Luis García Meza (1980-81),
"seguramente nunca más los militares actuarán al margen de la ley".
La
condena a siete procesados en el caso Octubre Negro, cinco ex jefes
militares y dos ex ministros "abre las puertas a la extradición del ex
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, manifestó el fiscal Milton
Mendoza.
Dijo que hasta hoy, Sánchez de Lozada "era un sindicado, pero
al existir una sentencia emitida por el máximo tribunal de justicia de
Bolivia, forma parte de los acusados en este caso".
Los familiares de las víctimas reciben con "satisfacción" el fallo judicial
Los
familiares de las victimas de "octubre negro" recibieron con
"satisfacción" el fallo judicial dictaminó este martes la Corte Suprema
de Justicia. Estas personas realizaron una vigilia a las puertas de la
Fiscalía del Distrito de La Paz.
La presidenta de la Asociación de
heridos y afectados de 2003, Elena Kullahua Ticona, aseguró que luego de
la vigilia de 53 días efectuada en puertas del Tribunal Supremo de
Justicia en la capital del Estado y después de ochos años se logró "por
fin hacer justicia".
Sin embargo, repudiaron que la determinación
judicial no haya contemplado sentencia en contra del ex presidente de la
República, Gonzalo Sánchez de Lozada y el ex ministro Carlos Sánchez
Berzain.
Afirmó que esa será la próxima tarea de la justicia boliviana,
la de "poner a los principales responsables tras las rejas".
"Varios
meses de vigilia, pero Dios es grande por fin la justicia llegó, pero
no estamos conformes con la decisión judicial a los ex ministros Erick
Reyes Villa y Adalberto Kuajara, sólo tres años, nos sentimos realmente
indignados, es muy poca la sentencia", lamentó.
"La sentencia es
clara y se debe cumplir en la cárcel de San Pedro", dijo el fiscal
General del Estado, Mario Uribe, al finalizar la audiencia judicial en
la capital del país, tras ocho años que duró el proceso y que no logró
enjuiciar al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al ex ministro
Carlos Sánchez Berzaín.
Más información en: http://juiciogoniya.org.bo/
