SDPnoticias.com - Es absolutamente falso que las actuales iniciativas de militarización del país, incluida la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que avanza en el Congreso, tengan su origen en la actual administración de Felipe Calderón que supuestamente emprendió “la lucha contra el narcotráfico” pues todo ha sido parte en realidad de un único plan estadounidense aplicado para México desde Salinas, como se demuestra a continuación:
Fue el gobierno de Vicente Fox Quesada el que signó la Ley de Seguridad Nacional que aumentó el poder de la “burocracia oscura” o del gobierno sin controles legales suficientes —ni hablar de “transparencia” cabe aquí— al crear en la misma Ley el Consejo de Seguridad Nacional integrado desde 2005 por el Gabinete presidencial esencial —incluidos los secretarios militares de la Defensa Nacional y de Marina— más el director del CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) que es la agencia del espionaje mexicano, teniendo dicho Consejo como su “secretario ejecutivo” al Secretario de Gobernación.
—Como el incondicional cómplice de todas las tropelías presidencialistas, que siempre ha sido
Pero conforme al plan de control político total del gobierno estadounidense sobre nuestro país, la creación del Consejo de Seguridad Nacional —que ya antes había intentado Carlos Salinas— es sólo el primer paso, pues le falta ponerle el “punch”, el pegue, que es precisamente lo que le viene a dar la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional apoyada por la bancada unida del “PRI-AN” en el Senado y que ahora pasará al pleno del Congreso para su próximo periodo ordinario de sesiones el mes próximo, con la primera aprobación a la minuta del Senado apenas realizada en la comisión de gobernación.
El “punch” de que hablamos es la facultad adicional del Consejo de Seguridad Nacional que le darán para declarar “afectación a la seguridad interior” en una entidad federativa, un municipio, o de plano una región que ellos quieran definir a su libre arbitrio: esto equivale a una suspensión de garantías particular por parte del Ejecutivo sin necesidad de la autorización del Congreso, o sea, burlándose de la misma, y agravando con ello la violación a los derechos humanos en México.
Tal es la militarización de facto con la consiguiente anulación en los hechos del régimen republicano de garantías civiles sobre la que ya advertía un especialista en la materia sorprendentemente desde el año 2000, lo que demuestra la absoluta continuidad de las políticas del régimen del Neoliberalismo en México:
“Por un lado, el concepto de seguridad pública ha avanzado hasta convertirse en sinónimo de seguridad interior, y como esta es una de las funciones asignadas a las Fuerzas Armadas en su ley orgánica, las mismas desempeñan un importante papel en la instrumentación de la seguridad pública, ya sea ejerciendo los mandos medios y superiores y como elementos de base de las diferentes policías, incluyendo los 5 mil militares ‘prestados’ a la recién formada Policía Federal Preventiva.
Por otro lado, el avance del concepto de seguridad nacional ha sido importante y a costa del concepto de soberanía, para justificar los intereses de una élite política y económica como si fuesen los de la nación.”
Este clarividente, casi profético esbozo lo expuso en su ensayo “Militarización, seguridad nacional y seguridad pública en México” el especialista Juan Manuel Sandoval Palacios, que a continuación dice:
“Como consecuencia de los procesos de integración económica regional y de la globalización, actualmente, nuestro país se encuentra inmerso materialmente en los intereses geoestratégicos estadounidenses, y la perspectiva oficial de seguridad nacional mexicana se ha ido asimilando, desde una perspectiva pragmática, a la Doctrina de Seguridad Nacional de la Unión Americana.
Es en este marco donde los militares mexicanos han ido asumiendo el nuevo papel asignado por Estados Unidos para las Fuerzas Armadas de América Latina, a partir de la cumbre de Williamsburg en 1995 . . . las Fuerzas Armadas de muchos países, y de manera creciente las de México, reciben asistencia militar de los Estados Unidos (armamento, entrenamiento y adoctrinamiento), y las partidas para los gastos militares dentro del presupuesto oficial van en aumento.”
Entonces no es cierto lo que tanto ha publicitado la actual administración, al respecto de una iniciativa mayor de su parte en el uso de las Fuerzas Armadas para el “combate al narcotráfico”, pues todo ha sido una agenda impuesta desde Estados Unidos a México vía su régimen neoliberal, inclusive desde el ultraconservador presidente estadounidense Ronald Reagan (periodo 81-89) quien de una forma obsesiva veía “comunistas” hasta debajo de las piedras e inició la política estadounidense de “conflicto de baja intensidad” consistente en una injerencia militar focalizada de su parte en cualquier parte del mundo, sin que tal injerencia entre en clasificación formal de “guerra”.
Esta injerencia estadounidense ha tomado forma desde los conflictos del golfo pérsico hasta el actual genocidio mexicano mal llamado “guerra contra el narco”, que no es tal, pues como lo han revelado diversos cabecillas del Narco recientemente (por ejemplo declaración del hijo de “El Mayo” Zambada en una corte de Illinois, EEUU) inclusive la DEA (agencia “anti-drogras” estadounidense) establece pactos de mutua colaboración y beneficio con personalidades como el “Chapo” Guzmán y su Cártel, de lo cual existen pruebas fehacientes tanto con la escapada del mismo capo de un penal de máxima seguridad en 2001, como la del operador suyo Héctor Guajardo Hernández verificada hace unos días.
—Haiga sido como haiga sido. . . la sangre derramada por los mexicanos no vale nada a los ojos del gobierno extranjero, que considera que “sus pactos” son primero
Nos continúa explicando el especialista antes citado, acerca de los orígenes de la trayectoria de esta política de militarización de México como signo de subordinación a Estados Unidos y sus intereses:
“Y aún se estableció, en el régimen salinista, una agenda de amenazas a la seguridad y se creó —a la manera del estadounidense Consejo de Seguridad Nacional— un Gabinete de Seguridad Nacional que incluía a la Secretaría de Gobernación . . .
Hacia finales del régimen salinista se intentó establecer un Consejo de Seguridad Nacional para la coordinación de todas las instancias y dependencias cuyas funciones estarían vinculadas con la seguridad del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas, en una forma no prevista en la Constitución”
¡Pácatelas. . .! Resulta que el mentado Consejo de Seguridad Nacional no es plan de Fox, mucho menos de Calderón, sino ante todo de Carlos Salinas de Gortari, quien primero emuló y luego trató de aplicar directamente las políticas de dominio político estadounidense en México.
Bien ha dicho Andrés Manuel López Obrador que Salinas y Fox son lo mismo, como Calderón y Peña Nieto, porque la realidad es que todos ellos están subordinados a un país extranjero al cual la Nación mexicana le está sacrificando sus recursos, su soberanía, y lo más importante, a sus jóvenes, cuyas vidas para el Imperio no valen nada.
Bien ha dicho el escritor Javier Sicilia que el avance en el Congreso de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional son una franca traición de parte de los legisladores a la ciudadanía, que una vez más demuestran que no tienen palabra: se equivocaron los del “PRIAN” al continuar con la subordinación estadounidense-salinista, y se equivocó el PRD al seguirle —en la comisión de gobernación— el juego al PRI-AN de que “primero aprobamos todo en lo general, y luego corregiremos partes de la Ley en lo particular”, que como ha dicho Muñoz Ledo, es un proceder absolutamente equivocado, ajeno a un país civilizado, menos aún de democracia e instituciones serias.
—A dichas prácticas parlamentarias barbáricas los orilla a los diputados su nula razón en el tema, y su nula capacidad de escucha y entendimiento para con los especialistas que han advertido sobre la más absoluta inconveniencia para el país de esta nueva reforma a la Ley de Seguridad Nacional
Hoy más que nunca se precisan de los movimientos ciudadanos como el Movimiento de Regeneración Naciona (MORENA) y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que orienten la lucha ciudadana por un futuro mejor para nuestro país, basados en principios irrenunciables de independencia y soberanía nacionales.
Estas indignas políticas de subordinación solamente nos enfilarán a crisis todavía mucho más severas y profundas de las ya vistas, y que ponen en peligro aún nuestra “viabilidad como Nación”, como lo comienza por expresar el Proyecto Alternativo de Nación en su primer punto.
