El Ministerio de Gobierno deBolivia ha pedido al Poder Judicial gestionar la extradición de 13 opositores que están en el extranjero, y que son acusados de confabular para asesinar al presidente Evo Morales y pretender crear un estado independiente en el oriente del país.
El titular de esa cartera Sacha Llorenti informó en rueda de prensa que el pedido fue enviado el jueves al juez que lleva adelante el juicio en contra de 39 acusados, de los cuales 13 están fuera de Bolivia, refugiados en países como Estados Unidos y Brasil.
Entre los requeridos mencionó al ex líder derechista y empresario de origen croata Branko Marinkovic, adversario acérrimo de Morales y al hermano actual del gobernador de Santa Cruz Pablo Costas.
“Están acusados de separatismo”, dijo Llorenti.
Marinkovic está refugiado en Estados Unidos desde donde ha negado los cargos asegurando que el juicio en es político. Costas también salió del país y su paradero es desconocido.
Llorenti dijo que el gobierno también está enviando documentación a Brasil que concedió refugio político a otros dos acusados entre ellos un ex juez de Santa Cruz.
En diciembre del año pasado la fiscalía presentó cargos por terrorismo separatista contra 39 personas vinculadas a una banda internacional de mercenarios que supuestamente planeaba matar a Morales y separar de Bolivia a la rica provincia oriental de Santa Cruz.
El caso salió a luz cuando en abril de 2009 la policía allanó un hotel en esa ciudad y mató a tres supuestos mercenarios, entre ellos a Eduardo Rosza, un boliviano-húngaro, veterano de la guerra en Croacia y jefe de la banda. Según la fiscalía, Rosza fue contratado por radicales autonomistas opositores a Morales para organizar una milicia en Santa Cruz.
Los otros dos fallecidos fueron el rumano-húngaro Arpád Magyarosi y el irlandés Michael Martin Dwyer.
En el operativo fueron detenidos Mario Tadic (boliviano-croata) y Elod Toasó (húngaro), actualmente presos en un penal de La Paz. De los 39 acusados 13 están detenidos.
El caso surgió en momentos de una dura polarización política entre Morales y la oposición conservadora encabezada entonces por gobernadores que organizaron protestas regionales que el mandatario dijo eran parte de un frustrado golpe de estado.
Los acusados han dicho antes que se trata de un juicio político y alegaron que no hay garantías para un debido proceso por injerencia del gobierno en la judicatura.
