Iroel Sánchez
“Estoy preparado para trabajar con republicanos y demócratas a fin de proteger nuestra frontera, hacer cumplir nuestras leyes y enfrentar el problema de los millones de trabajadores indocumentados que están viviendo en las sombras”, dijo la noche de este martes en su Discurso sobre el estado de la Unión el presidente Barack Obama.
Sin embargo, la credibilidad de esas afirmaciones pudiera estar atravesando por estos mismos días una dura prueba.
La actuación del gobierno de Estados Unidos en el cumplimiento de la ley y la protección de sus fronteras ha sido puesta en tela de juicio por el modo en que se ha manejado el caso del terrorista cubano-venezolano Luis Posada Carriles, que se ventila desde el 10 de enero en El Paso, Texas. Posada es acusado por perjurio, no por haber volado un avión de pasajeros con 73 personas a bordo ni por atentar contra la vida del presidente cubano Fidel Castro, entre otras muchas acciones.
Lo anterior ya era grave pero, como casi siempre que se juega con fuego, hay quemaduras.
En particular, la moral de EE.UU. en la lucha contra el terrorismo ha sido colocada en un serio aprieto con algunas de las revelaciones que han aparecido en el proceso.
El testimonio de Gina Garrett-Jackson, funcionaria del Departamento de Seguridad, que afirmó en el juicio que en agosto del 2005 le pidió a la misma fiscal que lideró la acusación contra los cinco antiterroristas cubanos en Miami, Caroline Heck-Miller, “que considerara procesar penalmente a Posada.
Sin embargo, ella no estaba interesada en eso, y por tal motivo, yo dejé de pedírselo”, relaciona en una misma persona –Heck Miller-, en una misma ciudad –Miami- y en una misma institución –el gobierno- la intención de procesar a los cubanos –conocidos como Los Cinco-, que buscaban información para evitar actos terroristas, y el objetivo de proteger a los grupos violentos del Sur de la Florida.
Si en Estados Unidos existiera una prensa libre y el llamado “cuarto poder” se ocupara en supervisar la actuación de las autoridades e informar a los ciudadanos, las primeras planas de los periódicos y los titulares de los noticieros estarían inundados con esta escandalosa contradicción.
Pero eso no ha ocurrido, la misma prensa que creó el clima psicológico para que en nombre de la “lucha contra el terrorismo” se justificaran la invasiones a Iraq y Afganistán, que han costado la vida de miles de norteamericanos, no puede preguntarle a su gobierno sobre el evidente doble rasero sacado a la luz por la confesión de Garett Jackson.
Otro aspecto de interés para la prensa, en el momento en que el presidente Barack Obama acaba de reiterar en su Discurso sobre el estado de la Unión su compromiso con una reforma migratoria, sería el preguntar cómo es posible que mientras todos los días se deportan inmigrantes de la forma más brutal, una persona con cargos de terrorismo, que entró ilegalmente a Estados Unidos, sea acogida y protegida por las autoridades.
Precisamente, las últimas sesiones del juicio a Luis Posada Carriles han estado dedicadas a escuchar de voz de un informante del FBI, cómo Posada entró de manera ilegal a Estados Unidos a bordo del yate Santrina.
Sus cómplices han intentado convertir a Posada en un “espalda mojada” que cruzó a EE.UU. a través de la frontera con México, algo para lo que han falsificado pruebas e incluso intentado asesinar al informante, un cubano de Miami nombrado Gilberto Abascal.
Todos esos elementos conforman una historia truculenta que, sin embargo, no logra atraer la atención de los grandes medios. Todo el despliegue judicial en El Paso, que puede durar alrededor de un mes, es para probar que Posada Carriles es un mentiroso, no un asesino.
De mentir lo acusa el gobierno norteamericano que tiene sobradas pruebas de sus vínculos con el terrorismo, porque durante un largo período de tiempo lo entrenó y financió para ello.
Para la mayoría de la prensa, él es un “militante anticastrista”, no un terrorista, y los cubanos –acusados por Heck Miller- que trataban de informar sobre sus actividades son “espías” que amenazaban la seguridad nacional de Estados Unidos.
Sin dudas, la seguridad nacional de Estados Unidos está amenazada pero no por los cubanos.
Un país donde los ciudadanos no se enteran de lo que realmente ocurre, sus autoridades dicen una cosa y hacen otra, mientras tienen que procesar por perjurio y no por actos de sangre a un connotado terrorista no puede ser seguro ¿Podrán saber algún día los estadounidenses que acciones como las cometidas por Caroline Heck Miller comprometen gravemente su seguridad nacional y se contradicen de modo radical con lo que les promete su presidente?
(Publicado en CubAhora)
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