Verdad Abierta...
Óscar Manuel Maussa Contreras, líder de restitución de tierras y uno de los dirigentes de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet (Cootragroblan), corregimiento de Turbo, Antioquia, fue asesinado el pasado 24 de noviembre en el Cañito, una vereda de San Juan de Nepomuceno, Bolívar.
Maussa fue asesinado con un fuerte golpe en la cabeza mientras estaba amarrado a un árbol. Según la necropsia lo lapidaron alrededor de las siete de la noche y agonizó hasta las dos de la mañana.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz le dijo a VerdadAbierta.com que un campesino de la vereda alertó la Policía mientras asesinaban a Maussa, pero las autoridades sólo llegaron a la mañana siguiente.
La Policía también encontró todas que los asesinos irrumpieron en su casa. “Es claro que iba por él”, le dijo a VerdadAbierta.com un abogado que conoce el caso de Maussa.
Maussa lideró la recuperación de tierras de Cootragroblan, una cooperativa de campesinos de Urabá, que libra una batalla jurídica para que le sean restituidas sus tierras, despojadas por paramilitares hace más de 10 años.
Maussa había huído de la finca La Esperanza en 2008, después de numerosas amenazas de muerte, a Montería, Córdoba. En ese tiempo, logró comprar una finca en San Juan Nepomuceno, en la que cultivaba maíz y pancoger.
Con el asesinato de Maussa, nueve líderes campesinos que reclaman la devolución de sus tierras en Urabá han sido asesinados este año. Según una alianza de Ongs, en 2010 40 defensores de derechos humanos y líderes de desplazados han sido asesinados, 33 de estos desde que el presidente Juan Manuel Santos se posesionó y desde que en el Congreso se tramita la ley de víctimas y de restitución de tierras.
El despojo en Blanquicet
En agosto de 1990, 12 familias campesinas crearon la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet (Cootragroblan), un corregimiento de Turbo y en ese lugar el Gobierno de Holanda les dio un dinero para comprar una finca de 106 hectáreas.
La finca se llamaba La Esperanza y queda ubicada sobre tierras donde están proyectada la Trasversal de las Américas, que une a Panamá y a Colombia por el tapón del Darién.
Las 12 familias se dedicaron a sembrar arroz, yuca, compraron ganado, construyeron un centro de acopio y una casa. Poco tiempo después consiguieron anexar a su cooperativa el predio Nueva Vida de 15 hectáreas.
Pero, desde 1997 los ‘paras’ al mando de Lázaro o ‘Mono Pecas’ empezaron a amenazar, presionar y amenazar los campesinos de Blanquicet. En los alrededores la situación se volvió tan crítica, que unas mil familias abandonaron el corregimiento, entre ellas las 12 familias de Cootragroblan y se fueron a vivir a Turbo, Chigorodó o Medellín.
Según le contaron a VerdadAbierta.com personas que han hecho seguimiento al caso de Blanquicet, los paramilitares se aprovecharon del miedo que generaron entre los campesinos que muchos de ellos empezaron a vender sus predios a precios inferiores a su valor real. “A 200.000 pesos por hectárea, muy por debajo del millón y medio que costaba”, dijo una fuente a El Espectador en un artículo de abril de 2010.
Los campesinos también denunciaron que en Blanquicet empezaron a aparecer escrituras falsas y los ‘paras’ ocupaban predios a la fuerza.
Fue así cómo la finca La Esperanza, de Cootragroblan, fue invadida por dos ‘paras’, Wilson Cardona Restrepo, alias ‘El Palillo’ y otro conocido con el alias de ‘55’, quienes aprovecharon el desplazamiento de los campesinos para meter ganado, además destruyeron las casas y construyeron un encierro para espectáculos taurinos.
Varios paramilitares han aceptado en Justicia y Paz el despojo de tierras en el Urabá Antioqueño. Raúl Hazbún, alias ‘Pedro Bonito’, ex jefe del Bloque Banaero que delinquía en Urabá, aceptó en una versión libre de 2008 que ‘Mono Pecas’ era uno de sus hombres y que manejaba tierras para Vicente Castaño.
Ever Veloza alias ‘HH’, también jefe del Bananeros, le entregó a la Fiscalía una carta que Carlos Castaño le escribió a su hermano Vicente, donde relaciona entre 70 y 100 mil hectáreas que tenían en Blanquicet para proyectos de palmicultura y banano.
En enero de 2001, Manuel Esteban Rodríguez, representante legal de Cootragroblan fue abordado por tres ‘paras’, que le exigieron entregar las escrituras de La Esperanza.
Después ‘Palillo’ y sus hombres lo llevaron ante Hernán Jaime Arango, en la época notario de Carepa, Antioquia, y lo obligaron a firmar las escrituras públicas de la finca.
En 2003, Manuel Esteban Rodríguez fue a Turbo para pagar el impuesto predial de La Esperanza y descubrió que habían falsificado su firma y su huella digital, y traspasado el título en mayo de 2001.
Una vez vendida La Esperanza hubo un carrusel de traspasos. En menos de dos años, el predio cambió tres veces de manos.
Manuel Rodríguez puso la queja ante la Procuraduría en Chigorodó, Antioquia, que abrió investigación. En mayo de 2005, el Fiscal 72 de Chigorodó ordenó anular las escrituras ilegítimas después de comprobar que la huella que aparecía como la de Rodríguez en la escritura de traspaso de La Esperanza era falsa. Hernán Jaime Arango, el notario, fue absuelto por la justicia, que determinó que fue amenazado y obligado a servir los paramilitares.
Sin embargo, con la decisión de la Fiscalía las amenazas contra los campesinos de Cootragroblan, entre ellos Óscar Maussa, no cesaron.
Ante esta situación, los campesinos miembros de la cooperativa solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección, por el temor de represalias ante las constates presiones de los ‘paras’ para quedarse con las tierras y la incapacidad de la justicia para hacer efectiva la restitución de La Esperanza.
En septiembre de 2006 la CIDH dictó medidas cautelares a favor de las familias Maussa, Rodríguez, Bravo Pertuz y Tordecilla Cordero que aún vivían en Urabá. Según consta en el acta: “La CIDH solicitó al Gobierno de Colombia adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los beneficiarios”.
La situación de los campesinos de Cootragroblan no mejoró y las presiones de los ‘paras’ y sus testaferros se hicieron cada vez más fuertes. La Comisión Colombiana de Juristas reportó que en Blanquicet las bandas criminales ‘Águilas Negras’ y ‘Renacer’ seguían delinquiendo e intimidando los campesinos de la región.
En octubre de 2007, Maussa denunció nuevas amenazas esta vez de un paramilitar conocido como ‘Julio Ospino’. También reportó que hombres armados rondaban alrededor de la finca La Esperanza. Unos meses después Maussa abandonó la región.
Desde entonces los campesinos que aún están en Blanquicet viven en la zozobra, con constantes rumores de la llegada de hombres armados que van a cometer una masacre.
“Según nos dicen, están planeando la masacre para obligarnos a salir otra vez de las fincas, porque estamos reclamando lo que es de nosotros, lo que nos habían quitado desde 1996 los paramilitares” dijo a El Espectador uno de los campesinos de la zona en abril de 2010.
Los paramilitares que quieren quedarse con la finca de la Cootragroblan no se limitaron a seguir intimidando a los campesinos.
Esta vez fueron por Maussa quien se había refugiado en su finca en San Juan Nepomuceno, en donde además de asesinarlo pareciera que con la forma brutal como lo hicieron, le enviaron un mensaje a sus compañeros que aun insisten en que les devuelvan lo suyo.
