PRIMERA PARTE
El hecho de que un Estado mafioso y genocida, que practica por definición el terrorismo de Estado y viola los derechos humanos por sistema, como el de Colombia, acuse a alguien de terrorista, es tan coherente como que un policía pretenda cursar una infracción por exceso de velocidad a un piloto que está compitiendo en las 500 millas de Indianápolis.
El hecho de que el Gobierno de Chile, los partidos de derecha y los medios de comunicación que controlan, aparezcan hoy afanados en extraditar a un connacional, para ser juzgado por semejante Estado, por el sólo hecho de mantener relaciones políticas, que nunca ha negado, con una organización alzada en armas, que mantiene un secular conflicto con dicho Estado, revela, de una parte, la enajenación a que puede conducir una mentira sistemática, reciclada una y otra vez por el aparato mediático; y de otra, su grado de subordinación a la estrategia mayor, impulsada por los poderes centrales, que apunta a la desestabilización de los procesos de emancipación que cursan en varios países latinoamericanos, cuya principal coartada, es precisamente, el combate al terrorismo y el narcotráfico.
La debilidad de la prueba y la deficiencia técnica de la solicitud de extradición del gobierno colombiano son tan evidentes, que en la medida en que predomine el estado de derecho, y se imponga el raciocino jurídico sobre las combinaciones y presiones políticas, Manuel Olate Céspedes, diseñador gráfico, 42 años, casado, dos hijas, no puede sino ser puesto en libertad y exonerado de cargos.
De hecho, está preso quién ha trabajado incansablemente por la paz, mientras lo acusan los que han hecho de la violencia el instrumento de su política, y no sólo se aferran a la guerra como a una ubérrima fuente de recursos, sino pretenden extenderla en el nivel regional.
Pero cuando Olate sea liberado ¿quién reparará el daño que le ha causado a él y su familia, una campaña odiosa y falaz, próxima ya a los dos años, que le imputa livianamente “nexos” con una organización terrorista?, ¿qué costo pagarán por ello los complacientes e irresponsables medios de comunicación, que carentes de celo profesional, ética periodística y disposición a investigar, se han prestado como cajas de resonancia de esa campaña?.
Terrorismo y terroristas
El significado en disputa es el concepto de terrorismo, a partir del cual se desprende una deformación conspirativa de la realidad. Así, la versión del Estado colombiano, proyectada acríticamente por El Mercurio y La Tercera, presupone a las FARC como una organización terrorista, y por extensión, a toda persona o grupo que entre en contacto con ella.
Esta concepción tiene un origen histórico muy preciso: la lucha contra el eje del mal, acuñada por el ex Presidente George Bush, en su discurso del Estado de la Unión, el 29 de enero de 2002, para describir a los regímenes que en su opinión, apoyan el terrorismo, y así justificar las invasiones a Afganistán, por entonces ya ocurrida, y la que preparaba contra Iraq. En esa intervención, Bush mencionó a Irán, Iraq, Corea del Norte, Libia, Siria y Cuba.
Después del fracaso del golpe de Estado de Venezuela, el 11 de abril de 2002, los halcones de la guerra de la Casa Blanca incluyeron en el eje del mal al régimen de Hugo Chávez, en Venezuela, y desde 2005, al de Evo Morales, en Bolivia.
La punta de lanza de la contraofensiva norteamericana en la región fue el gobierno de Alvaro Uribe en Colombia, con las FARC y la lucha contra el narcotráfico -simbióticamente asimilados- como elemento justificador.
A esa estrategia obedecen el Plan Colombia y el Plan Patriota, en virtud de los cuales el gobierno norteamericano ha transferido ya unos seis mil millones de dólares al gobierno colombiano -660 millones sólo en 2009-, y ha convertido a sus Fuerzas Armadas en la mayor máquina de guerra de la región, con un pie de fuerza superior a 500 mil efectivos, que consume el 6,5% del PIB, en proporción incluso superior a la de Estados Unidos (4,6%), con dos guerras en simultáneo.
Fue en ese contexto, y con tecnología de última generación, que las Fuerzas Armadas colombianas bombardearon el campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, el 28 de febrero de 2008, matando de paso al menos a ocho civiles de distintos países, pertenecientes a organizaciones de solidaridad con las luchas del pueblo colombiano, operación que se repitió el 22 de septiembre pasado, y acabó con la vida de Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño, o mono Jojoy, el segundo comandante y jefe militar de las FARC.
A la inversa, la visión de las organizaciones de solidaridad con la lucha del pueblo colombiano, a las que pertenece Manuel Olate, asume a las FARC como fuerza beligerante de un conflicto de larga data, con origen históricamente determinado, que lucha por un objetivo también históricamente y éticamente justificado, vale decir, la construcción de un nuevo orden social, sobre la base de un programa orientado a la solución política del conflicto que desangra al país, que propone un régimen democrático, bolivariano y comprometido con la justicia social.
Desde el punto de vista jurídico, específicamente en el ámbito del derecho internacional humanitario, la condición de fuerza beligerante de las FARC, se sostiene en artículo 1 del II Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra (1), aprobado en 1977, referido a la protección de las víctimas de conflictos no internacionales:
“Artículo 1. Ámbito de aplicación material
1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.
2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados”.
Aparte de que proviniendo de los gobiernos de Chile o de Colombia, o de los medios de comunicación que controlan, la categorización de las FARC como organización terrorista resulta ridícula, en lo fundamental implica ignorancia del recurso a la violencia como mecanismo secular de resolución de los conflictos de la sociedad colombiana, presente desde las conspiraciones de Santander contra Bolívar, en los albores de su historia; y grosera omisión de las causas sociológicas e históricas del prolongado conflicto armado en ese país.
Violencia histórica
Sea por conflictos entre liberales y conservadores, o anteriormente entre federalistas y unitarios, o por intolerancia en el ámbito filosófico o religioso o político; o por conflictos motivados por injusticia social y pobreza, o simplemente por lucha entre caudillos, el hecho es que entre 1830 y 1903 se registraron en Colombia 13 grandes guerras civiles, sin considerar las 40 registradas en estados federales, que costaron centenares de miles de muertos, en proporciones pavorosas respecto al número de población.
Son las guerras de los coroneles de los que escribió García Márquez.
El 9 de abril de 1948, bajo la presidencia de Mariano Ospina, el asesinato del líder liberal y candidato presidencial, Jorge Eliécer Gaitán, desencadenó una espontánea sublevación popular, el dominado “bogotazo”, en que murió un número indeterminado de personas, que algunos historiadores cifran en no menos de tres mil.
En el quinquenio inmediatamente posterior, conocido como La Violencia, que se extendió hasta 1953, la ofensiva militar, policial y paramilitar impulsada por el líder del Partido Conservador, Laureano Gómez, contra militantes y simpatizantes del Partido Liberal, costó 300 mil muertos.
Al igual que la derecha chilena en relación a la Unidad Popular, Gómez se empeñó en acusar a los liberales de un ilusorio armamentismo, mientras se los masacraba con metódico rigor.
En esa perspectiva, el conflicto armado de Colombia, que persiste desde entonces, no es sino el cumplimiento de la autoprofecía.
El desplazamiento y asesinato de campesinos por cuenta de paramilitares financiados por los terratenientes, fenómeno que recrudeció desde mediados de los 80 con probada complicidad y participación de Uribe Vélez, ha sido una práctica consuetudinaria e ininterrumpida, a la cual se le deben imputar centenares de miles de muertos más.
De hecho, el bombardeo y asalto del poblado de Marquetalia, donde vivía Pedro Antonio Marín, más conocido como Manuel Marulanda Vélez, el 11 de mayo de 1964, sin mediar otra razón que no fuera la imposición del Plan LASO norteamericano, fue el antecedente directo que condujo a la creación de las FARC.
Intentos de salida política
Sin considerar los centenares de miles de muertos del conflicto que se prolonga desde entonces, en mayo de 1984 culminaron los diálogos de las FARC-EP con el gobierno de Belisario Betancourt, con los denominados Acuerdos de La Uribe, que en esencia, establecieron un alto al fuego en el conflicto, con miras a la firma de un tratado de paz definitivo y a la reinserción de la guerrilla a la vida política y civil.
Por entonces, nadie ponía en duda la condición de las FARC-EP como fuerza beligerante. De este proceso surgió Unión Patriótica, una agrupación política en la que participaron representantes de las FARC desmovilizadas, del Partido Comunista y de organizaciones sociales, que en 1986 obtuvo el tercer lugar en las elecciones generales y logró veinte escaños parlamentarios.
El promisorio proceso político fue ahogado en sangre por paramilitares en alianza con narcotraficantes y agentes del Estado, mediante un paroxismo homicida que en dos años dejó alrededor de cinco mil muertos, incluyendo a Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, candidatos a la presidencia de la República, ocho senadores, trece diputados, setenta concejales, once alcaldes y miles de cuadros públicos del Partido Comunista y de organizaciones sindicales.
A las FARC no les quedó otro camino que volver a la clandestinidad y la actividad armada, sin perjuicio de que desde entonces mantienen vigente la oferta de diálogo con el gobierno, con el fin de retomar la vía de las negociaciones políticas para la resolución del conflicto.
De hecho, en 1998 hubo un nuevo proceso de diálogo con el gobierno de Andrés Pastrana, el que sin grandes progresos, pero al menos en lo formal, concluye en 2002, con el ataque sin previo aviso de las fuerzas militares a la zona de distensión, en San Vicente del Caguán, y queda sepultado definitivamente con la entronización de Alvaro Uribe Vélez.
Este personaje, de reconocidas vinculaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo, asume el gobierno con el encargo del imperio de intensificar la guerra interna, para lo cual se vale primero del Plan Colombia, y luego, del Plan Patriota.
No sólo la guerra interna, sino en lo posible, de escalarla al nivel regional, como demuestran la autorización para la instalación de siete bases norteamericanas en territorio colombiano; el bombardeo del campamento de Raúl Reyes en Ecuador; contínuas provocaciones fronterizas a Venezuela, y últimamente, la exportación de tecnologías y prácticas represivas a las Fuerzas Armadas hondureñas.
El mismo día en que José Manuel Santos Ascarza asumió el poder, Alfonso Cano, actual Secretario General de las FARC, propuso un diálogo al nuevo gobierno, oferta que reiteró tras la muerte de Jorge Briceño.
Por toda respuesta, Santos dijo que el Estado seguiría combatiéndolos hasta la aniquilación. Obvio. Santos no se manda solo.
Apocalipsis ahora
En parte por las razones antedichas, la violación de los derechos humanos en Colombia alcanza dimensiones apocalípticas.
El Observatorio de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, dependiente de la Vicepresidencia de la República, señala que sólo “entre enero y agosto de 2009 se registraron 10.737 homicidios; 20 casos de masacre con 102 víctimas, 362 ejecuciones extrajudiciales; 245 homicidios intencionales de personas protegidas y 18 desapariciones forzadas”(2).
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación da cuenta que “entre enero y septiembre de 2009 se cometieron 10 homicidios de maestros sindicalizados y 13 homicidios de sindicalistas de otros sectores”(3).
El Informe 2010 de Amnistía Internacional Colombia refiere que en el curso de 2009 se registraron 286 mil nuevos desplazados, 114 asesinatos de indígenas; 184 homicidios de personas pertenecientes a grupos sociales marginados, como trabajadore(a)s del sexo, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, y drogadictos; y el asesinato de 8 activistas de derechos humanos y de 39 sindicalistas(4).
El informe del Observatorio de Derechos Humanos, de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, un grupo de ONG’s dedicados a la defensa de los derechos humanos, establece que en los primeros 75 días del Gobierno de José Manuel Santos, se registraron 33 asesinatos de líderes campesinos, activistas de derechos humanos y dirigentes sindicales(5).
En el mismo período, la Organización Nacional Indígena reporta el asesinato de cien indígenas, 40 de ellos en el Departamento del Cauca.
Las cifras globales son igualmente pavorosas.
El Registro Unico de Población Desplazada registra una cifra total de 3.226.442 desplazados internos hasta el 30 de septiembre de 2009. Por su parte, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) estima un total de 4.629.190 desplazados internos hasta finales de 2008, de terrenos que involucran unos 6,65 millones de hectáreas(6).
O sea, casi un tercio de la población ha sido desplazada de un cuarto del territorio, por grupos paramilitares financiados por la oligarquía terrateniente, con el fin de apoderarse de sus tierras.
¿Qué país se libra de una guerra civil con semejante trastorno?
Según el Presidente de CODHES, Marcos Romero, "ya superamos el nivel de desapariciones de Argentina, que estuvo cerca de las 30 mil personas y esto puede pasar de unas 100 mil en las últimas décadas”.
De hecho, un informe del Departamento de Medicina Legal, citado por Telesur(7), reporta 38.255 personas desaparecidas en los últimos tres años, 18 mil 236 sólo en 2009.
El informe 2009 de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, señala:
“A diciembre de 2009, el Registro Nacional de Desaparecidos había identificado 37.300 casos, de los cuales casi 10.000 correspondían a casos de desaparición forzada. La mayoría de estos casos permanecen en la impunidad, sin resolver ni identificar perpetradores y móviles”.(8)
Un Informe de la Fiscalía de Justicia y Paz de febrero 2010 indica que los paramilitares reconocen haber perpetrado 30.470 asesinatos en los últimos quince años, y haber hecho desaparecer a otras 2.520 personas(9).
Corrupción e impunidad
Todos los informes de derechos humanos disponibles coinciden en la alarma sobre la impunidad en que permanece el escándalo de los “falsos positivos”, que tuvo una dramática expresión en el hallazgo de la fosa de La Macarena.
Por “falsos positivos” se denomina en Colombia a ejecuciones extrajudiciales en el marco de operativos militares anti-insurgentes, en que los testigos declaran que no hubo combate; y donde las víctimas son capturadas en su domicilio o lugar de trabajo, y conducidas al lugar de la ejecución.
Las personas ejecutadas o desaparecidas son por lo general campesinos, indígenas, trabajadores, jóvenes, personas marginadas o líderes comunitarios. Las víctimas son reportadas por la Fuerza Pública como insurgentes dados de baja en combate.
Más diabólico aún -como establece el informe 2010 de la la Corte Interamericana de Derechos Humanos- “los miembros de la Fuerza Pública reciben incentivos económicos, profesionales y premios por la presentación de “positivos”; la competencia judicial para la investigación de los hechos se atribuye desde el primer momento a juzgados penales militares; los familiares de las víctimas, testigos y defensores de derechos humanos dedicados al esclarecimiento de los hechos son objeto de actos de amenaza e intimidación; el porcentaje de condenas a los responsables es ínfimo.
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación cuenta con 1.230 casos que afectan a 2.103 víctimas en los últimos seis años”(10).
Responsable directo de estos hechos, en tanto superior jerárquico de los hechores, era el entonces Ministro de Defensa, José Manuel Santos Ascarza, el mismo que calificó la detención de Manuel Olate como “una señal muy importante, de que a los terroristas los vamos a perseguir donde estén”.
En los primeros días de diciembre de 2009, una visita inspectiva de una delegación de congresistas y sindicalistas británicos, permitió el hallazgo de la fosa común de La Macarena, en el departamento del Meta, donde habían sido sepultados ilegalmente más de dos mil cadáveres. Investigaciones posteriores han demostrado que la mayoría de ellos pertenecían a personas enroladas en las listas de “falsos positivos”.
A pesar de que hay 3.700 mil militares sumariados o bajo investigación, ninguno de ellos está en prisión, y no hay una sola condena. Lejos de eso, en una visita a la base militar de La Macarena, Alvaro Uribe aseveró que la fosa común era sólo el producto de calumnias: "Aquí vinieron los enemigos de la Seguridad Democrática, a alimentar calumnias contra el Ejército de la Patria”.
El informe del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, denunció el alarmante grado de impunidad con respecto a violaciones masivas de derechos humanos en Colombia.
Otro punto en el que enfatizó el Comité, remite a la agencia de inteligencia de Colombia, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el mismo que le suministró a la Fiscalía General de la República, las “pruebas” contra Manuel Olate:
“Sistemáticamente desde hace ya algunos años el DAS ha venido realizando un operativo de seguimiento ilegal sobre miembros de la oposición, periodistas, defensores de derechos humanos y también incluso de la Corte Constitucional y organismos tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
El Informe Anual de la Alta Comisionada de la ONU Para los Derechos Humanos, sobre la situación de derechos humanos en Colombia, 2009, agrega sobre el particular:
“En 2009 se hizo público que el DAS, entidad de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República, había estado desarrollando, por lo menos desde 2003 y de manera generalizada y sistemática, una serie de actividades ilegales dirigidas contra, entre otros, defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas y altos funcionarios del Gobierno, como el Vicepresidente.
Además, información preocupante publicada en los medios de comunicación indicaría que incluso los magistrados de la Corte Suprema fueron objeto de vigilancia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un Relator Especial de las Naciones Unidas y la Oficina en Colombia fueron también objeto de vigilancia. Estas acciones, en muchos casos, tenían como objetivo neutralizar las labores desarrolladas por las víctimas, a quienes se consideraba "blancos legítimos" por ser potenciales opositoras de las políticas gubernamentales.
Las acciones ilegales incluyeron interceptaciones de teléfonos y correos electrónicos, seguimientos, hostigamientos y amenazas, robos de información e ingresos ilegales a oficinas y domicilios. Esto provocó un clima de miedo e inseguridad y, en algunas ocasiones, sabotaje y descrédito del trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos.
Las acciones contra las mujeres incluyeron amenazas directas contra sus hijos e hijas, en ocasiones con manifiesto contenido sexual violento”(11).
¿A ese infierno en la tierra, con antecedentes que escasamente rebasan la sospecha, pretenden Santos, Piñera, Allamand, Espina, El Mercurio y La Tercera, que la Justicia chilena extradite a un connacional?
SEGUNDA PARTE
La “voluminosa” prueba de la Fiscalía General de Colombia contra Olate se reduce a una decena de mensajes de correo electrónico entre el Comandante Raúl Reyes y un alias “Roque”, y una serie de fotografías de un grupo de chilenos en el campamento del mismo Reyes, entre los que está Manuel Olate, encontrados en su portentoso computador, incautado luego de su muerte en la Operación Fénix, que como se sabe, consistió en el bombardeo de su campamento, con tecnología de última generación, de origen norteamericano, en territorio ecuatoriano, el 1 de marzo de 2008.
Además, existe el reconocimiento de Roque de una testigo, una guerrillera desmovilizada, cuya descripción no coincide con el aspecto físico de Olate.
La debilidad de la prueba es tan evidente, que La Tercera, el medio chileno que ha oficiado de guaripola de la campaña, reconoció en la edición del 5 de noviembre, que la canciller colombiana, María Angela Holguín, “ha expresado algunas dudas y realizado consultas” a su homónimo chileno, Alfredo Moreno, sobre los pasos a seguir en el proceso de extradición.
Al día siguiente, El Mercurio, la otra pinza de la tenaza de la campaña, publicó que el Fiscal Nacional, Sabas Chauán, “pidió celeridad al Ministerio Público colombiano para enviar los antecedentes para solicitar la extradición de Manuel Olate”; tras lo cual la cronica agrega: “el punto es que los profesionales chilenos podrán sugerir a los requirentes que mejoren el estándar de la evidencia” en la idea de que “el dossier final y el pedido de extradición, que llegan a través de vías diplomáticas, vengan lo más completo posible con miras al juicio que decidirá el futuro del sospechoso”.
De esta verdadera confesión de parte, se desprende que tanto el Estado chileno, representado por el Canciller y el Ministerio público, y la prensa “seria”, en abierta flagrancia del principio de presunción de inocencia y de la obligación de otorgar protección diplomática a un connacional, aparecen vinculados en una relación de estrecha colaboración con un Estado extranjero, con el fin de extraditar a un compatriota, por razones estrictamente ideológicas.
Este es un hecho inédito en la historia del país, del que tendrán que dar cuenta, llegado el momento.
En cualquier tribunal independiente del mundo, las pruebas extraídas del computador de Raúl Reyes no pueden sino ser rechazadas, por motivos de diversa naturaleza.
Vicio de origen
En primer lugar, están viciadas de origen, en tanto provienen de una agresión armada en territorio extranjero, abiertamente violatoria del derecho internacional, y que adicionalmente impidió la liberación unilateral de rehenes en poder de las FARC, que personalmente negociaba Reyes desde ese campamento.
Luego, a pesar de sus esfuerzos, el Estado Colombiano no ha conseguido validar el contenido del computador de Reyes como prueba confiable.
Entre ellos, estuvo solicitar a INTERPOL una pericia forense sobre la validez de la prueba contenida en los computadores incautados en el campamento.
La conclusión 2b de dicho informe, inhabilita el contenido de esos computadores como prueba válida ante cualquier tribunal del mundo, en términos irrevocables:
“Conclusión Nº 2b: Entre el 1 de marzo de 2008, fecha en que las autoridades colombianas incautaron a las FARC las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, y el 3 de marzo de 2008 a las 11.45 horas, momento en que dichas pruebas fueron entregadas al Grupo Investigativo de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia, el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley”.
A mayor abundamiento, el párrafo 91 de dicho informe, señala de modo textual:
“Utilizando sus herramientas forenses, los especialistas hallaron un total de 48.055 archivos cuyas marcas de tiempo indicaban que habían sido creados, abiertos, modificados o suprimidos como consecuencia del acceso directo a las ocho pruebas instrumentales por parte de las autoridades colombianas entre el momento del decomiso de éstas, el 1 de marzo de 2008, y el 3 de marzo de 2008 a las 11:45 horas”.
Pero eso no es todo. En el juicio contra Liliana Obando, socióloga, académica, activista de derechos humanos y ex funcionaria de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, acusada como Olate de supuestos vínculos con las FARC, sobre la base de antecedentes obtenidos de los computadores de Reyes, el investigador del grupo antiterrorista de la Dirección de Investigación de la Policía Judicial, DIJIN, Ronald Hayden Coy Ortiz, admitió que manipuló la información de los computadores de Ráúl Reyes, antes de entregarlos a la Fiscalía.
Según un reporte de Telesur; Coy admitió que "abrió la información y la manipuló antes de que esa información fuera sometida a control de legalidades, sin que existiera entonces autorización legal para ello".
A mayor abundamiento, aseguró que no encontró correos electrónicos, sino documentos Microsoft Word:
"No se ha hallado hasta el momento correos electrónicos, se han hallado gran cantidad de direcciones que pertenecen a correos electrónicos, pero Reyes almacenaba la información en Word y de programas Microsoft"
El abogado Eduardo Matías sostuvo que con la confesión de Coy, quedó sin piso jurídico el mérito probatorio para juzgar a su defendida:
"Se evidencia un manejo desbordado por parte del funcionario judicial y un abuso de autoridad que viola el debido proceso y por tanto la prueba no puede ser tenida en cuenta como tal dentro de un proceso penal".
Con mayor razón ese argumento es aplicable a un juicio de extradición, donde la culpabilidad de un imputado debe ser probada con mayor rigor que en un juicio común.
Solidaridad internacional
En cuanto a su presencia y la de otros tres chilenos en el campamento de Raúl Reyes, del que salieron dos días antes del bombardeo, Olate nunca la ha negado. Asevera que fue en el marco de la realización del Segundo Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, un movimiento político social amplio, internacional, público, legal y abierto, cuyo objetivo es la solidaridad internacional con las luchas del pueblo colombiano.
Pretender que las cavernarias derechas de Chile y Colombia entiendan lo que significa solidaridad internacional, es tan difícil como esperar que a las ranas les salga pelo. Pero desde la cárcel Santiago I, donde está internado bajo un régimen de seguridad que le permite sólo dos horas fuera de su celda al día, Olate declaró a quien suscribe:
“No entiendo que hagan tanto caudal de nuestra presencia en el campamento del comandante Raúl Reyes, pues lo hemos declarado en innumerables ocasiones. Fuimos allá para llevar un saludo del Congreso Continental Bolivariano, que se celebraba por entonces en Quito. No fuimos sólo chilenos, sino delegados de varios países. De hecho, en el bombardeo murieron al menos cinco compañeros del capítulo mexicano de la Coordinadora Continental. En mi caso particular, además llevaba el encargo de hacerle una entrevista al comandante Raúl Reyes, por cuenta de radio Bío Bío. Para mí, la solidaridad internacional con las luchas del pueblo colombiano, hace parte de la política del Partido Comunista, al que pertenezco.
Nosotros estamos por la salida política al prolongado conflicto armado en Colombia. Creemos que a estas alturas, ya no es posible una solución militar. Y dentro de ese contexto, entendemos que la mejor colaboración es impulsar el intercambio humanitario de prisioneros, en nuestra opinión, el primer paso para crear un clima de confianza que permita a las partes sentarse a conversar”.
Recordó, además, que la visita al campamento de Raúl Reyes no vulneró ninguna legalidad, pues tenían permiso en regla para moverse en cualquier dirección dentro de las fronteras de Ecuador.
En entrevista para el semanario El Siglo, efectuada por el suscrito en marzo de 2008, Olate explicó las fotos en el computador de Reyes:
“Esas fotos las sacamos entre nosotros mismos. Todos lo que trabajan con fotografía digital saben que en algún momento se acaba el espacio, y que para hacer más espacio, hay que descargar las fotos en un computador. Nosotros las descargamos en un computador que se nos facilitó, el cual no podíamos sospechar que después iba a ser incautado tras un bombardeo”.
Y también el uso del uniforme de camuflaje, propio de las FARC:
“La razón es bastante sencilla y es que para llegar a esos terrenos, hay que caminar mucho. Ya le conté que caminamos bajo un diluvio tropical. Al campamento llegamos empapados y sucios. Por lo tanto, al llegar al campamento nos prestaron esa ropa, que era la única disponible. No estábamos en ningún mall”.
Los correos del montaje
Manuel Olate niega enfáticamente ser Roque.
Pero aún cuando la policía chilena identificase a Roque, quienquiera que sea, y lo colocase a disposición de la Fiscalía General de Colombia, ésta díficilmente lograría la extradición con base a las copias en word de quince mensajes de correo electrónico, que a todo lo más, sugieren relaciones políticas, pero ningún hecho punible, ni menos extraditable.
A continuación, una transcripción de algunos de esos archivos de word, supuestamente originados en mensajes de correo:
Raúl a Roque, agosto 2 de 2004:
“Roque, tenga en cuanta que su comunicación conmigo es independiente de las comunicaciones con César y los camaradas de Brasil”.
Roque a Raúl, febrero 2, 2007;
“Un agradecimiento especial a la camarada Gloria por la cancharina y la paciencia y por poner la voz de Rafaela en la web del movimiento. Gracias por esa consideración”.
Raúl a Roque, octubre 22, 2007:
“Lamentamos los quebrantos de salud de nuestra camarada Rafaela, al tiempo que hacemos votos por su pronta y satisfactoria recuperación. Los deseos son de volverla a tener aquí con nosotros en el próximo viaje del colectivo”.
Roque a Raúl, diciembre 28, 2007:
“Un abrazo para toda la compañía, para Chana, para la camarada Gloria (rafa casi se pone a llorar con el regalo que le envió) y para usted, camarada Raúl, un abrazo y deseos de éxitos en esta campaña”.
Roque a Raúl, mayo 28, 2007:
“Como anécdota le comento que iniciamos la venta de la muñequita guerrillera, las que hace rafa, alcanzamos a poner 5 en exposición y se las llevaron de inmediato, a dólar y medio”.
Raúl a Roque, mayo 31, 2007:
“Felicitamos al colectivo por su buen trabajo. Bueno, con las muñequitas de Rafaella habrá dinero, propaganda y más relaciones con las juventudes comunistas”.
Fenomenal. Desde que las FARC hacen parte del eje del mal, el Estado colombiano las ha acusado de financiarse mediante el narcotráfico. Pero resulta que según la solicitud de extradición de Manuel Olate, en realidad lo hacen…con la venta de muñequitas.
Y no es broma, como lo prueba el hecho de que dos de los tres delitos por los que se solicita la extradición son “financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas”, con el solo mérito de tan contundente “prueba”. Ya volvemos sobre este tema.
La conexión mapuche
En la orden de investigar RUC 0900212075-2, de la Fiscalía de Pudahuel, del 12 de julio de 2010, se oficia a la Fiscalía General de Colombia, a fin de solicitar información para acreditar delitos de “asociación ilícita terrorista, conducta terrorista y financiamiento del terrorismo”, y determinar el grado de participación de ciudadanos chilenos”, según se desprende “de la información extraída de los computadores del líder de las FARC, alias Raúl Reyes”.
El texto agrega que el oficio de referencia “debe ser confeccionado en conjunto con los antecedentes que se investigan en la causa RUC Nº 0900697670-8, del 28 de julio de 2009, del Juzgado de Garantía de Temuco, por los delitos de crímenes y simples delitos contra la Soberanía Nacional y Seguridad del Estado, de la Fiscalía Local de Temuco”; es decir, la causa que en estos mismos instantes se sigue contra 27 comuneros mapuche, en Cañete.
En ninguno de los quince correos supuestamente intercambiados entre Raúl Reyes y Roque aparece una relación directa entre los mapuche y las FARC por mediación de Roque. Eso lo deduce la Fiscalía General de Colombia por inferencia indirecta, basada en información de contexto.
A continuación, el tenor de esos intercambios:
Roque a Raúl, febrero 2, 2004:
“Otro punto es el regreso de la Presidenta del PC, Gladys Marín, al país; eso sería alrededor del 14 de marzo, el 27 del mismo mes habrá un gran acto en torno a la imagen de la compañera, pero relacionado con las luchas que se están desarrollando en el país, los mapuches, la salud, los cesantes, la defensa del cobre, la consigna del acto es Todas las Luchas”.
Otro de los nexos descubiertos por la Fiscalía General de Colombia, es una declaración del Comité Regional de la Novena Región del Partido Comunista, , del 17 de febrero de 2007, en apoyo a la comunidad de Temucuicui, que había sufrido un violento allanamiento policial el día anterior.
Todo el peso de la “prueba” con la que se pretende extraditar a Colombia a un ciudadano chileno, cuya identidad no ha sido establecida de modo fehaciente, decansa en el siguiente intercambio de supuestos mensajes de correo:
Roque a Raúl, marzo 27, 2006:
“Existen unos compañeros del pueblo mapuche que hace rato están en lucha con el Estado por la devolución de sus tierras, tienen planes ambiciosos para liberar una zona en el sur de Chile, donde actualmente viven. A través de unos contactos se acercaron a nosotros para pedir apoyo en términos de instrucción y es lo que estoy haciendo”.
La respuesta de Raúl Reyes, según el dossier colombiano, está fechada el 30 de marzo, tres días después:
“Hay que hacerles ver las características de quienes harían la experiencia, partiendo de la dureza del régimen militar y de los riesgos a que se exponen por la diaria confrontación con las tropas enemigas (…) tener en cuenta de qué tiempo dispondrían y la cantidad de compañeros. Preferible que sean unos seis a diez y que tengan solucionado los permisos laborales o estudiantiles durante el tiempo de estadía aquí”.
Y no hay más. Es cierto que en el dossier colombiano existen unos reconocimientos fotográficos de testigos acerca de la presencia de algunos mapuche en el campamento de Raúl Reyes, y la constancia de su ingreso a territorio ecuatoriano, pero nada que los vincule a Roque o al Partido Comunista.
La debilidad de la prueba es tan manifiesta, que los fiscales de Bío Bío y la Araucanía, a cargo de los juicios orales contra los comuneros mapuche, desistieron de interrogar a Olate, y de utilizar las pruebas remitidas por la Fiscalía General de Colombia.
La conexión comunista
Viene al caso recordar que esta campaña se inició en agosto de 2008, luego de una visita de los senadores Alberto Espina y Andrés Allamand, y el entonces acaudalado empresario y candidato presidencial, Sebastián Piñera, a Colombia, donde se entevistaron con Alvaro Uribe Vélez y José Manuel Santos.
Más aún, se jactaron de haber recibido esa información sobre "chilenos-FARC” arriba de un avión, estando presentes Uribe (ahora demandado judicialmente por la Justicia de los Estados Unidos, acusado por crímenes de sindicalistas en una empresa norteamericana en Colombia), José Manuel Santos, y el Comandante en Jefe del Ejército, general Mario Montoya, quién posteriormente debió renunciar por su responsabilidad en los asesinatos descubiertos en la fosa de La Macarena.
Una vez que llegó de Colombia el trío dinámico, de Piñera, Allamand y Espina, se inició una campaña brutal a través de La Tercera y en menor grado El Mercurio, que lleva ya casi dos años, en virtud de la cual filtraban información supuestamente reservada, entregada a la fiscalía chilena, la misma que se devela en el presente trabajo. Nunca Piñera, Espina, Allamand, ni menos La Tercera, revelaron las fuentes de la información.
El Partido Comunista solicitó formalmente que se explicitaran las fuentes y jamás tuvo respuesta, ni del gobierno, ni del trío dinámico ni de ningún fiscal. Aunque la ANI, y en su momento el Fiscal Nacional, no encontraron mérito para investigar, prosiguieron las publicaciones arbitrarias en la prensa, que a esta altura han causado un daño irreparable a Manuel Olate y su familia.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, no se han esforzado mayormente en probarlas, como no sea el laxo procedimiento de extradición ensayado por el Estado colombiano.
Deben saber desde ya que, una vez esclarecidos los hechos, las responsabilidades legales correspondientes serán perseguidas, y que para esclarecerlos, serán citados a declarar Piñera, Hinzpeter, Allamand y Espina.
La única vinculación del Partido Comunista en este montaje, es una declaración de un suboficial de la Policía Judicial, Jaime Humberto Lizarazo Pediache, que sin apoyo en ningún antecedente que lo avale, se despachó ante el Fiscal Murcia Berneo, en presencia del fiscal chileno Emiliano Arias Madariaga, el siguiente parrafo:
“El análisis de la información muestra la participación y apoyo en las actividades de las FARC de siete integrantes del Partido Comunista de Chile, relacionados además con la Coordinadora Continental Bolivariana, ellos son Carlos Casanueva, Guillermo Teillier, Lautaro Carmona, Sergio Sepúlveda, Daniel Núñez, Jorge Insunza y Andrés Lagos”. Y no hay más.
Si este es uno de los ocho testigos que anuncia la Fiscalía Colombiana, se verá en amarillos aprietos para sostener sus dichos.
Consultado al respecto Andrés Lagos, Encargado de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Chile, e integrante de su Comisión Política, señaló:
“Estamos ante el intento de externalizar una política de guerra, de terrorismo de Estado, desde Colombia hacia Chile, parte de una operación más global del imperio norteamericano, que explica las tensiones guerreristas con Venezuela, y el bombardeo y asesinato del comandante Raúl Reyes, y de gente que solidarizaba con la lucha del pueblo colombiano y con las FARC-EP, en territorio ecuatoriano.
Evidentemente, lo que se buscó ahí fue generar una guerra, y por tanto, externalizar el conflicto. El imperio norteamericano está dispuesto incluso a eso, para evitar que se consolide en nuestra región una tendencia a la emancipación de los pueblos, que sigue siendo un factor de desarrollo hacia delante, donde se abren relaciones de intercambio con China, India Rusia e Irán, es decir, con otros ejes mundiales.
La acción guerrerista y criminal del imperio de expresa a través del Estado colombiano, que entre otras cosas, viola flagrantemente los derechos humanos a través de una política de terrorismo de Estado.
Nos preocupa que la externalización del conflicto tenga en el caso de Chile una expresión a partir de la cual va quedando cada vez más claro que el gobierno de Piñera deja al gobierno de Santos que haga el trabajo sucio, contra el pueblo mapuche, los movimientos sociales y el Partido Comunista.
Lo que se busca es criminalizar y estigmatizar procesos políticos que incluso tienen que ver con convergencias que el Partido Comunista ha llevado adelante, desde el punto de vista de una concepción democratizadora de la sociedad, ampliando espacios de alianzas.
Se busca incidir en la irrupción de movimientos sociales y sus luchas, y se busca amarrar las manos a la vocación solidaria que ejercen distintos sectores en nuestro país, incluida la expresión concreta que ha realizado Manuel Olate, y muchos otros chilenos en esta perspectiva. Por tanto, no sólo hay que denunciar el montaje, sino también la operación que hay detrás de este montaje.
Nosotros vamos a responder en forma transparente, con la verdad y con las armas de la justicia. Nos parece preocupante que ya una ministra haya dado señales de acoger las demandas y las presiones de un Estado terrorista, frente a lo cual vamos a convocar la solidaridad nacional e internacional más amplia, que ya se ha manifestado de manera importante.
No vamos a ceder en nuestro empeño de empujar en dirección de una salida política y negociada, de intercambio humanitario y de diálogo en Colombia. Nos preocupa que el gobierno de Piñera oculte su verdadero objetivo, y que se haya alineado con la salida guerrerista, dentro y fuera de Colombia.
Acá se está por la paz, y por tanto por una salida política, negociada y de intercambio humanitario, que es el esfuerzo que están haciendo gobiernos de nuestra región y europeos, o se está por la guerra, que es la salida que busca Estados Unidos, que siempre ha estado por desestabilizar gobiernos que no puede controlar, por medio de crímenes, terrorismo de Estado e incluso tensiones fronterizas, como en los casos de Venezuela y Ecuador”.
Tiro por la culata
Según El Mercurio (03/11/2010), la Fiscalía General de Colombia aportará 27 pruebas y ocho testigos contra Olate.
Un vuelco extraño, por decir lo menos, por cuanto el oficio 005617, del 8 de junio de 2010, firmado por el Fiscal Pablo Murcia Bermeo, de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, de Colombia, informa sobre el numeral 1, es decir sobre la solicitud de ubicar desmovilizados del Frente 48 de las FARC, que hubiesen tenido conocimiento de la operatividad en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana, y/o acceso a los integrantes de la Comisión Internacional de las FARC:
“A través del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, del Ministerio de Defensa Nacional, se ha venido realizando las coordinaciones pertinentes para efectos de ubicar desmovilizados del Frente 48 de las FARC. En tal sentido, pese a que se han ubicado varios ex integrantes del referido grupo terrorista, estos no aportan mayores elementos de información, por lo tanto se continúa en la tarea de ubicar más desmovilizados”.
En el punto 7, denominado Resultado de la Actividad Investigativa, se lee:
“Atinente al numeral 1: hasta el momento no se ha obtenido ningún resultado; se continuará con la ubicación de desmovilizados del Frente 48, para efectos de evacuar la actividad investigativa solicitada”.
A mayor abundamiento, el investigador de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Judicial, DIJIN, Wilmar Parra Quinceno, aparece remitiendo un informe al Fiscal Murcia Bermeo, con fecha 17 de julio de 2010, en el que reproduce el interrogatorio a una desmovilizada de las FARC, de iniciales G.S.R., quién asegura haber visto a Roque en el campamento de Raúl Reyes:
“manifestó acordarse de un sujeto chileno de nombre Roque, que esta persona era alta, de contextura normal, tez blanca, de ojos claros, cabello ondulado, de color castaño, el cual era joven. Adujo que se acuerda de él, porque una vez lo recogió en Barranca, acompañado de una muchacha blanca, de mismo porte que Roque”. La testigo afirma que se quedó unos seis días a mediados de 2007, y que lo volvió a ver a fines de 2007, en el cumpleaños de Raúl Reyes:
“Roque se encontraba uniformado y portaba una pistola a la altura de la cintura, y que ese día lo saludó, y nada más”.
Pues bien, si ese personaje es Roque, entonces no es Manuel Olate. Primero, porque la descripción de la testigo no calza en absoluto con su tipología física. Pero en lo principal, porque el investigador le exhibió a la testigo un set de ocho fotografías entre las que estaba la de Olate, y no lo reconoció.
Deficiencia técnica
Con base en semejante mérito, ningún tribunal independiente en el mundo podría extraditar a Manuel Olate. Menos aún por las decisivas e insanables deficiencias técnicas que presenta la solicitud de extradición.
En primer lugar, la solicitud de extradición acusa a Olate de los siguientes delitos: a) financiamiento del terrorismo; b) administración de recursos relacionados con actividades terroristas y c) concierto para delinquir.
El único antecedente que configura los dos primeros, es la mención, en un correo de Roque a Raúl Reyes, de la venta de cinco muñequitas, a dólar y medio cada una, es decir un financiamiento al terrorismo por un monto de exactamente 7,5 dólares. Sería para la risa si el caso no fuera tan grave.
Peor aún para las pretensiones de extraditar a Olate, ninguno de esos delitos está contemplado en el Tratado de Extradición entre ambos países, suscrito en 1928, sin perjuicio de que el tratado excluye expresamente delitos de naturaleza política. Y aún cuando un tribunal de alguno de los dos países estimara que hay mérito para la sustanciación de una causa criminal, no está obligado a extraditar al acusado. Puede optar por juzgarlo en el país propio, conforme al principio de territorialidad.
Las posibilidades de extraditar a Olate se reducirían cero, de no mediar el fuerte compromiso del Gobierno chileno con el caso, manifestado a través de las consultas entre ambos Cancilleres, declaraciones del Presidente de la Repúblico y el Ministro del Interior, y la insólita asesoría que está prestando el Ministerio Público.
En otras palabras, el Gobierno chileno aparece coludido con un gobierno extranjero para extraditar a un connacional, con lo que de paso viola el principio de presunción de inocencia e incumple su obligación de otorgar protección diplomática a todo ciudadano de nacionalidad chilena.
La impropia asesoría que está prestando el Ministerio Público al proceso de extradición, es completamente extemporáne y fuera de lugar. Si la Fiscalía General de Colombia requiere cualquier tipo de gestión en el proceso, debe encargarla a un abogado particular, como ocurrió con la extradición de Alberto Fujimori.
Radical injusticia
La colusión del Gobierno chileno con el gobierno colombiano puede representar un matiz de preocupación para la defensa jurídica de Olate, en la medida en que se ha dado el caso, en procesos donde está comprometido el interés del Ejecutivo, que la Corte Suprema aprovecha la oportunidad para pasar de contrabando algún pliego de peticiones, generalmente de naturaleza económica, a cambio de su aquiescencia en ese asunto en particular.
Si Manuel Olate permanece detenido, ello obedece exclusivamente que la jueza subrogante y la sala penal de la Corte Suprema, acogieron la presunción de fuga, planteada por el Ministerio Público en representación del Estado colombiano.
Sucede que después de casi dos años de odiosa campaña de prensa, que lo acusaba de ser el nexo con una organización terrorista, Manuel Olate perdió el trabajo y no pudo encontrar otro, razón por la cual tuvo que trasladarse al extranjero a buscarlo, con el costo humano y familiar que eso implica. Retornó al país por voluntad propia a mediados de noviembre, de manera enteramente normal y legal.
Pues de eso se valió la jueza Herreros para negarle la libertad provisional:
"El ha entrado y salido con tanta facilidad de un país a otro, no tiene mayor arraigo en Chile, aunque diga que tiene dos hijas y pareja, pero la verdad, en Chile no ha vivido. En estos diez meses ha estado en el país sólo dos. Entonces, es de pensar que se puede evadir".
La jueza omite cínicamente que Olate regresó al país con la expresa intención de ponerse a disposición de los tribunales de justicia, para acabar de una vez con la absurda campaña de acusaciones gratuitas. Eso es precisamente lo que iba a hacer el lunes 1 de noviembre, según lo acordado con su entonces abogado, Rodrigo Román.
Por medio de una ilegal intercepción de sus comunicaciones telefónicas, funcionarios de Policía Internacional de la PDI obtuvieron esa información, y proceden a detenerlo, con innecesario y mediático despliegue, a la salida de una actividad familiar, la noche del 29 de octubre.
Tal parece que en Chile las cosas no han cambiado mucho desde que Violeta Parra escribiera, “yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta, que en mi patria no hay justicia”.
Notas
(2) Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009,
Colombia, pág 14.
(3) Ibidem; pág 17.
(4) El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo 2010; Amnistía
Internacional; Colombia, pags. 148 y siguientes.
(5) El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo 2010; Amnistía
Internacional; Colombia, pags. 148 y siguientes.
(6) Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009,
Colombia, pág 18.
de-38-mil-personas-desaparecidas-en-tres-anos.
(8) Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia;
pag 12.
reconocen-haber-cometido-cerca-de--30-mil-500-asesinatos/
(10) Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009,
Colombia, pág 15.
(11) Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia;
pag. 6
