Correspondencia de Prensa..........
Protestas y caos marcaron ayer la llegada de 13 de los 33 mineros rescatados hasta el yacimiento San José, en Copiapó, para participar en los oficios religiosos en recuerdo de los 70 días que estuvieron atrapados a 700 metros bajo tierra. Una gran cantidad de personas fue a la ceremonia, entre ellas, buena parte de los mineros de la San José que no estuvieron enterrados pero quedaron sin trabajo. El tono de protesta provocó la intervención del cuerpo de carabineros. El gobierno dijo que para protegerlos, aunque no queda claro de quién, salvo del propio gobierno, porque no había nadie más.
Los trabajadores rescatados de la mina hicieron un breve recorrido por las carpas en las que sus familiares esperaron su regreso a la superficie desde el derrumbe del 5 de agosto. Luego, los trece mineros entraron a la carpa donde se realizó la misa y la ceremonia de acción de gracias. “Es súper lindo estar acá, en algún momento pensamos que la perforadora (T-130) se había echado a perder, por eso ahora estamos muy contentos de estar con vida”, dijo el minero Claudio Yáñez, uno de los asistentes.
Por su parte, Daniel Herrera, uno de los 33 mineros, señaló que “(causa) mucho dolor al recordar todo lo que vivimos adentro, fuerte ver el sufrimiento de ellos (las familias y el resto de los 300 mineros) afuera e imaginarse todo lo que pasaron ellos y nosotros”.
En medio de la ceremonia, un grupo de trabajadores de la empresa San Esteban, que explota el yacimiento San José, llegó al lugar para exigir el pago de sus finiquitos con consignas tales como “San Esteban, no somos 33, somos 300” y “70 días sin plata y trabajo. Finiquito ya. No nos roben”. Los manifestantes utilizaron esas frases en carteles para reclamar por el pago de la deuda, a la vez que también amenazaron con tomar el campamento en espera de una solución. “No estamos dispuestos a esperar once meses más y que nos paguen en cuotas”, dijo la esposa de uno de los trabajadores, Marta Durán.
La empresa San Esteban está en medio de un proceso judicial en el que se evaluará la posibilidad de arrendar sus activos a otra minera con mayor respaldo financiero o decretar la quiebra. Además debe resolver los pagos de trabajadores que quedaron sin trabajo después de que se cancelaran las faenas de la mina debido al derrumbe en agosto pasado.
