Francisco Franco intervino en público por última vez el 1 de octubre de 1975, durante el aniversario de su proclamación como Jefe del Estado. Y largó su retórica fascista desde el balcón principal del Palacio Real, sito en la madrileña Plaza de Oriente. Siempre se dijo que aquel acto se celebró ante un millón de seguidores, pero lo cierto es que en aquella plaza difícilmente pudieron caber más de cien mil personas.
No podía faltar a su lado el actual Jefe del Estado. Juan Carlos de Borbón, entonces príncipe y desde seis años atrás heredero de Franco a título de rey, ultimaba su siniestro aprendizaje. Sólo cuatro días antes habían sido fusiladas las cinco últimas victimas del franquismo con Franco: Juan Paredes Manot –Txiki-, Ángel Otaegi, José Luís Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena Alonso; los dos primeros militantes de Euskadi ta Askatasuna –ETA- y los otros tres del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota –FRAP.
Los cinco revolucionarios fueron condenados a muerte tras juicios farsas. El 20 de noviembre de 1973, ETA hizo volar literalmente a Luís Carrero Blanco, y, de regreso a tierra, el Presidente del gobierno franquista ya era cadáver. Entre aquel año y el verano de 1975, la actividad de la organización vasca golpeó con bastante intensidad a las Fuerzas de Orden Público –FOP-. Por su parte, el FRAP, que existía desde mediados de los años sesenta, aunque su actividad armada la inició en el verano de 1975, combatía a la dictadura con atentados contra policías y guardias civiles.
A Franco le urgía, pues, poner freno al movimiento armado contra el fascismo que él representaba. Así que, el 22 de agosto de 1975, el Consejo de Ministros presidido por el sangriento dictador aprobó el Decreto Ley Antiterrorista. La ley fue aprobada única y exclusivamente para aplicársela a los militantes de ETA y del FRAP. Aquella Ley Antiterrorista contemplaba la posibilidad de celebrar juicios sumarísimos contra civiles en menos de veinticuatro horas.
También permitía prorrogar el plazo de detención en dependencias policiales, pasando de tres a cinco días –obsérvese cómo en la actual “democracia española” la ley en ese aspecto no difiere gran cosa-, y con autorización judicial hasta diecinueve.
Al amparo de la citada ley, entre el 28 de agosto y el 19 de septiembre se celebraron cuatro juicios sumarísimos. El fin de los mismo no era otro que el de condenar a muerte a los supuestos responsables de varios atentados producidos contra las FOP.
Concretamente, se juzgaron la muerte del Guardia Civil Gregorio Posadas Zurrón, en Azpeitia, el 3 de abril de 1974; la del policía muerto en el transcurso del atraco a una sucursal bancaria en Barcelona, el 30 de julio de 1975 –estas dos acciones fueron atribuidas a ETA-; la muerte del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez en el madrileño barrio de Carabanchel, el 16 de agosto de 1975, y el atentado contra el policía Lucio Rodríguez, igualmente en Madrid, el 14 de julio del mismo año –la autoría de éstos dos últimos atentados se le atribuyó al FRAP.
Se debe recordar que las únicas pruebas presentadas por la acusación, para condenar a los militantes revolucionarios, eran las declaraciones que aquellos mismos habían hecho ante la policía y la Guardia Civil, bajo salvajes torturas.
En un principio fueron once los condenados a la pena capital, pero el Consejo de Ministros del 26 de septiembre conmutó la pena de muerte a seis de los condenados por la de 30 años de cárcel. Ese mismo día, a las ocho de la tarde, León Herrera y Esteban, ministro de Información y Turismo por aquel entonces, anunció que sería al amanecer del día siguiente, el 27 de septiembre de 1975, cuando se ejecutarían las cinco penas de muerte.
Masivas movilizaciones se sucedieron en todo el Estado español para protestar por las injustas condenas y exigir su abolición. También en Europa el rechazo de las mismas fue muy importante. En Lisboa asaltaron la embajada española; en Estocolmo se celebraron numerosas concentraciones con Olof Palme, primer ministro sueco, a la cabeza; en Oslo, al frente de las manifestaciones se puso el presidente noruego, Uro Kekonen… Incluso el papa Pablo VI solicitó clemencia para los condenados.
Sin embargo, de nada sirvieron las movilizaciones; el corazón del dictador no podía ablandarse. A Juan Paredes ManotTxiki”, preso en la prisión Modelo de Barcelona, lo fusilaron junto al cementerio de Collserolla, en las afueras de la ciudad. Nacido en Extremadura y crecido en la gipuzkoana localidad de Zarautz, tan sólo contaba con 21 años. Ángel Otaegi, de 33 años y natural de Nuarbe, Gipuzkoa, fue fusilado a las nueve menos veinte de la mañana, en la prisión de Burgos. Los tres militantes del FRAP fueron fusilados en Hoyo de Manzanares, Madrid. José Luís Sánchez Bravo contaba con 22 años y murió a las nueve y media; Ramón García Sanz, con 27, a las nueve y diez, y José Humberto Baena Alonso, de 24, a las diez y cinco. “
Francisco Franco murió cincuenta y cuatro días después, pero previamente ya había dejado todo atado y bien atado, Así lo anunció públicamente en 1969: “Cuando, por ley natural, mi Capitanía llegue a faltar, que inexorablemente tiene que faltar algún día, es aconsejable la decisión que hoy vamos a tomar, que contribuirá, en gran manera, a que todo quede atado y bien atado para el futuro”.
A día de hoy, el Jefe del Estado sigue siendo Juan Carlos de Borbón, el sucesor formado e impuesto por el mismo Franco. No le ha defraudado al sanguinario dictador en todos estos años su obediente alumno. El rey ya dejó bien claras sus intenciones desde el principio: “No consiento que se hable mal de Franco en mi presencia”. Y la clase política más influyente de éste país siempre le facilitó su trabajo.
Juan Carlos de Borbón vive cómodo con el PSOE en el poder; más incluso que con el PP. Mantiene los mismos privilegios, si no los ve aumentados, y además goza de la “credibilidad democrática” que le otorga el reinar con un partido “progresista” en el gobierno. Franco sigue vivo. Satisfecho de su alumno y de su obra, ahora reside en la “democracia española”.
Artículo relacionado: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=76035
http://baragua.wordpress.com
No podía faltar a su lado el actual Jefe del Estado. Juan Carlos de Borbón, entonces príncipe y desde seis años atrás heredero de Franco a título de rey, ultimaba su siniestro aprendizaje. Sólo cuatro días antes habían sido fusiladas las cinco últimas victimas del franquismo con Franco: Juan Paredes Manot –Txiki-, Ángel Otaegi, José Luís Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena Alonso; los dos primeros militantes de Euskadi ta Askatasuna –ETA- y los otros tres del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota –FRAP.
Los cinco revolucionarios fueron condenados a muerte tras juicios farsas. El 20 de noviembre de 1973, ETA hizo volar literalmente a Luís Carrero Blanco, y, de regreso a tierra, el Presidente del gobierno franquista ya era cadáver. Entre aquel año y el verano de 1975, la actividad de la organización vasca golpeó con bastante intensidad a las Fuerzas de Orden Público –FOP-. Por su parte, el FRAP, que existía desde mediados de los años sesenta, aunque su actividad armada la inició en el verano de 1975, combatía a la dictadura con atentados contra policías y guardias civiles.
A Franco le urgía, pues, poner freno al movimiento armado contra el fascismo que él representaba. Así que, el 22 de agosto de 1975, el Consejo de Ministros presidido por el sangriento dictador aprobó el Decreto Ley Antiterrorista. La ley fue aprobada única y exclusivamente para aplicársela a los militantes de ETA y del FRAP. Aquella Ley Antiterrorista contemplaba la posibilidad de celebrar juicios sumarísimos contra civiles en menos de veinticuatro horas.
También permitía prorrogar el plazo de detención en dependencias policiales, pasando de tres a cinco días –obsérvese cómo en la actual “democracia española” la ley en ese aspecto no difiere gran cosa-, y con autorización judicial hasta diecinueve.
Al amparo de la citada ley, entre el 28 de agosto y el 19 de septiembre se celebraron cuatro juicios sumarísimos. El fin de los mismo no era otro que el de condenar a muerte a los supuestos responsables de varios atentados producidos contra las FOP.
Concretamente, se juzgaron la muerte del Guardia Civil Gregorio Posadas Zurrón, en Azpeitia, el 3 de abril de 1974; la del policía muerto en el transcurso del atraco a una sucursal bancaria en Barcelona, el 30 de julio de 1975 –estas dos acciones fueron atribuidas a ETA-; la muerte del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez en el madrileño barrio de Carabanchel, el 16 de agosto de 1975, y el atentado contra el policía Lucio Rodríguez, igualmente en Madrid, el 14 de julio del mismo año –la autoría de éstos dos últimos atentados se le atribuyó al FRAP.
Se debe recordar que las únicas pruebas presentadas por la acusación, para condenar a los militantes revolucionarios, eran las declaraciones que aquellos mismos habían hecho ante la policía y la Guardia Civil, bajo salvajes torturas.
En un principio fueron once los condenados a la pena capital, pero el Consejo de Ministros del 26 de septiembre conmutó la pena de muerte a seis de los condenados por la de 30 años de cárcel. Ese mismo día, a las ocho de la tarde, León Herrera y Esteban, ministro de Información y Turismo por aquel entonces, anunció que sería al amanecer del día siguiente, el 27 de septiembre de 1975, cuando se ejecutarían las cinco penas de muerte.
Masivas movilizaciones se sucedieron en todo el Estado español para protestar por las injustas condenas y exigir su abolición. También en Europa el rechazo de las mismas fue muy importante. En Lisboa asaltaron la embajada española; en Estocolmo se celebraron numerosas concentraciones con Olof Palme, primer ministro sueco, a la cabeza; en Oslo, al frente de las manifestaciones se puso el presidente noruego, Uro Kekonen… Incluso el papa Pablo VI solicitó clemencia para los condenados.
Sin embargo, de nada sirvieron las movilizaciones; el corazón del dictador no podía ablandarse. A Juan Paredes ManotTxiki”, preso en la prisión Modelo de Barcelona, lo fusilaron junto al cementerio de Collserolla, en las afueras de la ciudad. Nacido en Extremadura y crecido en la gipuzkoana localidad de Zarautz, tan sólo contaba con 21 años. Ángel Otaegi, de 33 años y natural de Nuarbe, Gipuzkoa, fue fusilado a las nueve menos veinte de la mañana, en la prisión de Burgos. Los tres militantes del FRAP fueron fusilados en Hoyo de Manzanares, Madrid. José Luís Sánchez Bravo contaba con 22 años y murió a las nueve y media; Ramón García Sanz, con 27, a las nueve y diez, y José Humberto Baena Alonso, de 24, a las diez y cinco. “
Francisco Franco murió cincuenta y cuatro días después, pero previamente ya había dejado todo atado y bien atado, Así lo anunció públicamente en 1969: “Cuando, por ley natural, mi Capitanía llegue a faltar, que inexorablemente tiene que faltar algún día, es aconsejable la decisión que hoy vamos a tomar, que contribuirá, en gran manera, a que todo quede atado y bien atado para el futuro”.
A día de hoy, el Jefe del Estado sigue siendo Juan Carlos de Borbón, el sucesor formado e impuesto por el mismo Franco. No le ha defraudado al sanguinario dictador en todos estos años su obediente alumno. El rey ya dejó bien claras sus intenciones desde el principio: “No consiento que se hable mal de Franco en mi presencia”. Y la clase política más influyente de éste país siempre le facilitó su trabajo.
Juan Carlos de Borbón vive cómodo con el PSOE en el poder; más incluso que con el PP. Mantiene los mismos privilegios, si no los ve aumentados, y además goza de la “credibilidad democrática” que le otorga el reinar con un partido “progresista” en el gobierno. Franco sigue vivo. Satisfecho de su alumno y de su obra, ahora reside en la “democracia española”.
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