Denuncian la persecución sistemática contra líderes populares que luchan por la nacionalización de la energía
El conflicto entre Unión Fenosa y comunidades afectadas por los altos precios y los cortes de suministro llevaron al Gobierno de Guatemala a declarar el estado de sitio en el departamento de San Marcos. Desde octubre de 2009, ocho líderes sociales destacados en la lucha por la expulsión de la multinacional han sido asesinados, cuatro de ellos en marzo de 2010. Señalan vínculos de la compañía con el narcotráfico.
El 24 de octubre de 2009, Víctor Gálvez recibió 32 impactos de bala cuando salía de la oficina donde atendía a los vecinos damnificados por DEOCSA, una de las dos filiales de Unión Fenosa en el país. El asesinato de este destacado opositor local a la eléctrica española conmovió Malacatán, un municipio situado en el departamento de San Marcos, a 250 kilómetros de la capital, cerca de la frontera con México.
El conflicto había comenzado mucho antes. La oposición a la gestión de Unión Fenosa y la lucha por la nacionalización del sector eléctrico, iniciada con su privatización en 1999, había alcanzado a finales de 2009 la dimensión de un conflicto abierto. Ya en noviembre de 2004, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca había determinado que Unión Fenosa, a través de su filial DEOCSA, estaba realizando cobros indebidos mediante un impuesto ilegal, y que debía devolver cerca de 200 millones de euros a los usuarios. Algo que nunca hizo.
90.358 demandas
El 8 de julio de 2009, una carta de 30 organizaciones, movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos del Estado español, con motivo de la adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural, denunciaba las prácticas habituales de la multinacional en Guatemala. Entre las irregularidades recogidas, además de la violación del dictamen de la Corte, el texto documentaba “cobros indebidos en las facturas (…), represalias de Unión Fenosa contra la población dejando sin suministro eléctrico a las comunidades que protestan por las altas tarifas y la mala calidad del servicio”.
Sólo en los primeros cinco meses de 2009, la Comisión Nacional de Energía guatemalteca recibió 90.358 denuncias contra la compañía. “Las tarifas eléctricas para el consumidor final comenzaron a incrementarse de forma exponencial, y el servicio no ha dejado de empeorar. Han sido presentadas innumerables denuncias por los usuarios ante los cobros desproporcionados, los cortes de energía sin aviso previo y el abuso de autoridad de sus funcionarios ante los reclamos de las poblaciones rurales”, relata a DIAGONAL Jesús Carrión, del Observatorio de la Deuda en la Globalización.
Después de una consulta popular para exigir la salida de la filial de Unión Fenosa, numerosas comunidades del departamento de San Marcos se organizaron para no pagar las facturas de la eléctrica española. Las demandas: la expulsión de la multinacional del país, la nacionalización del sector, la creación de empresas municipales de energía y la reforma de la Ley General de Electricidad.
La respuesta de Unión Fenosa, según denuncian las organizaciones sociales, fue el corte del suministro de electricidad a partir del 15 de diciembre del año pasado. “Tras una semana sin energía, los habitantes se quedaron también sin agua, colocados ante el riesgo de enfermedades infecto-contagiosas. En los hospitales y en los centros de salud del área se perdieron alrededor de 40.000 vacunas destinadas para los niños y niñas de los municipios afectados”, relatan desde el Frente Nacional de Lucha por la Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales (FNL). A pesar de que Unión Fenosa adujo problemas técnicos, para la prensa guatemalteca la causa del corte del fluido eléctrico en varias comunidades de San Marcos, entre ellas Malacatán, había que buscarla en los 7,5 millones de euros que los vecinos debían a la compañía: 60.000 personas llevaban un año en huelga de pago como forma de protesta por los “abusos” de Unión Fenosa.
El corte de suministro eléctrico días antes de Navidad encendió a las comunidades. Tras pasar tres días sin luz, centenares de vecinos bloquearon las rutas que comunican México con Guatemala. Se sucedieron tomas de carretera, plantones, marchas y cientos de asambleas informativas. El Gobierno de Colom no tardó en acusar al Frente de Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA), organización a la que pertenecía Víctor Gálvez antes de ser asesinado, de ser responsable de conexiones ilegales, una práctica muy común en la región. El 22 de diciembre, el presidente guatemalteco decretaba el estado de prevención en San Marcos, una especie de estado de sitio, todavía vigente, con el que quedaron suspendidas la mayoría de las libertades y derechos civiles. Hasta el momento el estado de prevención, decretado en principio para 15 días, ha sido prorrogado en seis ocasiones.
“De los ocho dirigentes populares que han sido asesinados, siete lo han sido en el marco del Estado de sitio. La población no puede reunirse para articularse, porque es delito que se reúnan más de tres personas”, denuncia a DIAGONAL Roberto Madriz, de la Comisión Política del FNL. “Los sicarios del narcotráfico recorren armados las aldeas, diciéndole a la población ‘o pagan o los matamos’. Al día siguiente de que se decretara el estado de sitio, Unión Fenosa abrió oficinas justo en el edificio desde donde opera el capo del narco de la zona, en un edificio que todo el mundo sabe que es de su propiedad. Con ello, lanza un claro mensaje al pueblo”.
Mantener el negocio
Para la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), el Estado de sitio sólo puede entenderse “como un mecanismo del Estado para resolver el ‘problema’ del servicio eléctrico en el Departamento y la posibilidad de que DEOCSA-Unión Fenosa pudiera mantener su negocio”.
El 13 de enero de 2010, Evelinda Ramírez, presidenta del Comité de FRENA en Chiquirines (Retalhuleu), volvía en coche de la capital hacia su casa, en el municipio de Ocós, en San Marcos. Durante dos días se había reunido con diferentes autoridades del Gobierno para reclamar el esclarecimiento del asesinato de Víctor Gálvez, la suspensión del estado de sitio y la expulsión de Unión Fenosa del país.
Entre los kilómetros 206 y 208 de la Carretera del Pacífico, una camioneta Ford Pick Up blanca con los vidrios polarizados interceptó el coche. Los disparos mataron a Evelinda Ramírez e hirieron a dos de sus acompañantes. También en Malacatán, era asesinado el 29 de enero Pedro García, miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Municipalidad y activista por la nacionalización de la energía en su pueblo, San Pablo. Pocos días atrás, García había denunciado irregularidades cometidas por el Consejo Municipal de Malacatán.
La historia se repite
Un final parecido le esperaba a Octavio Roblero, católico de base, integrante del FRENA, del FNL y uno de los principales líderes de San Marcos en la lucha por la nacionalización del sector energético y la expulsión de Unión Fenosa. El asesinato de su cuñado, Víctor Gálvez, y las amenazas de muerte recibidas, le llevaron a presentar un recurso de protección a la Corte Suprema el 20 de enero. En la tarde del 17 de febrero, mientras Roblero cerraba la puerta de su negocio en la estación de autobuses de Malacatán, fue acribillado por desconocidos desde un coche. Este cuarto asesinato volvió a trascender las fronteras de Guatemala.
El 21 de febrero, una nueva carta de 50 organizaciones, sindicatos y partidos españoles fue enviada a los presidentes Álvaro Colom y Rodríguez Zapatero, a los directivos de Unión Fenosa-Gas Natural y a los principales accionistas de la eléctrica, La Caixa y Repsol. El documento señalaba que estos asesinatos se debían a la “actividad social” de las víctimas y a “su lucha contra los apagones y los cobros excesivos de DEOCSA”, así como “al intento de silenciar la actividad de los movimientos sociales y de los defensores de los derechos humanos”.
Al mismo tiempo, la carta apuntaba a “la responsabilidad del Gobierno español en la impunidad de estos asesinatos” ya que ante estas denuncias “no ha puesto en marcha todas las medidas diplomáticas y políticas necesarias para esclarecer y frenar esta situación”. Exactamente un mes después de la difusión de la carta, el 21 de marzo, tres líderes comunitarios eran “salvajemente asesinados a bala y machete” en el municipio de Ocós, en el departamento de San Marcos, según un comunicado conjunto del FNL, Plataforma Agraria y la organización ecologista Ceiba. Carlos Noel Maldonado Barrios, de 60 años, Leandro Maldonado, de 78 años y Ana María Lorenzo Escobar, de 40 años, habían dedicado su activismo a la expulsión de Unión Fenosa del país y al derecho de las comunidades al libre acceso al agua potable.
Intervención del Ejército
Al día siguiente, en la cercana aldea de Las Brisas, también en San Marcos, el activista Santiago Gamboa era asesinado por “balas del Ejército”, según el FNL. Gamboa era dirigente del Comité de Vecinos en lucha por la nacionalización de la energía eléctrica en la comunidad de Santo Domingo. Aquel día por la mañana, según el mismo comunicado, diez empleados de una subcontrata de Unión Fenosa habían acudido a desconectar el fluido eléctrico. La reacción de la comunidad fue retenerlos y denunciar el hecho a las autoridades. El Gobierno envió 250 soldados para “rescatar a las personas secuestradas por una turba”. Los soldados abrieron fuego contra los manifestantes. Además de Gamboa, que murió en el acto, otros seis vecinos fueron alcanzados por las balas de los soldados.
El operativo del Ejército en Las Brisas fue seguido, según denuncia el FNL, por la persecución de líderes sociales: “Cubiertos con el argumento de que se trata de acciones contra el narcotráfico, han allanado las viviendas de los dirigentes locales del movimiento contra Unión Fenosa, han inundado las calles con tropas amedrentadoras, han creado una situación de terror entre la población”. La organización de derechos humanos UDEFEGUA señala la complicidad entre la multinacional, el Estado y el crimen organizado: “Es inaceptable que en pleno Estado de excepción implantado por el Gobierno para proteger los intereses de una transnacional que roba y viola la ley, las bandas de criminales, al servicio del narcotráfico, del Gobierno y de Unión Fenosa, actúen con total impunidad”.
“La Policía y el Ejército han jugado el papel de matones armados al servicio de Unión Fenosa”, sostiene Roberto Madriz, del FNL. Sin embargo, admite que hasta ahora no hay pruebas que valgan ante un tribunal: “No existe ninguna evidencia que pruebe la complicidad de Unión Fenosa en la ola de asesinatos de dirigentes que se le oponen. Pero ante la ausencia de evidencia que apunte en cualquier otra dirección, no puede tampoco descartarse como sospechosa. De hecho, no hay nadie, en absoluto, implicado como autor material o intelectual. La más absoluta impunidad rodea cada uno de estos hechos”.
Historia de una privatización
JESÚS CARRIÓN (ODG)
Unión Fenosa desembarca en Guatemala a raíz del proceso de privatización que se impulsó por recomendación expresa del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la década de los ‘90. Aduciendo falta de competencia en el sector, recomendaron fraccionar la generación, el transporte, la distribución y consumo final de la energía eléctrica, para que existiera competencia. Pero el resultado de dicha apertura ha sido que la distribución en el país ha quedado en manos de dos empresas españolas: Unión Fenosa e Iberdrola. Para evitar ser acusada de monopolio, Unión Fenosa creó dos empresas: DEOCSA se encargaría de la parte occidental y DEORSA de la parte oriental, cubriendo 20 de los 22 departamentos de Guatemala.
En Nicaragua actuó de la misma forma creando DISNORTE y DISSUR. Coincidiendo con la entrada de las transnacionales españolas en Centroamérica, los diferentes Gobiernos españoles han utilizado créditos FAD que contabilizan en parte como Ayuda Oficial al Desarrollo para financiar infraestructuras eléctricas que han favorecido a dichas compañías.
Las organizaciones de defensa de los servicios públicos critican el carácter fraudulento de la privatización, a un valor claramente inferior al tasado. La compra contó con el visto bueno de los miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, quienes luego fueron destituidos por la Corte Superior por abuso de poderes en el ejercicio de sus funciones.
La multinacional con sangre entra
Dentro de la dinámica de persecución sindical ejercida por Unión Fenosa, en Colombia han sido documentados hasta la fecha los asesinatos de 27 sindicalistas en el proceso de privatización de las empresas de servicios públicos eléctricos en la Costa Caribe.
Por otra parte, también se tienen documentadas las muertes de 150 personas electrocutadas en Colombia por la negligente política de mantenimiento de redes de distribución eléctrica de Unión Fenosa. Por la misma razón, se tienen registrados casos en Nicaragua. Unión Fenosa no tiene la exclusividad en esta materia. En el informe de Amnistía Internacional de 2004
Un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca (Colombia) se acusa a Repsol-YPF y a la empresa estadounidense Oxy de no respetar los derechos humanos, al facilitar ayuda financiera a unidades militares del ejército colombiano “con vínculos probados” con los grupos paramilitares en el departamento de Arauca, la región más militarizada de Colombia, donde se cometen “abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad, los paramilitares y la guerrilla”. Estos hechos fueron suficientemente documentados en las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos: Empresas Transnacionales y Derechos de los Pueblos en Colombia, 2006 - 2008 y en la sesión de Lima en mayo de 2008.
