Por 14 votos contra 5 fue aprobado en comisión el informe que elaboró el senador Antonio Anastasia del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
El texto recomendaba a la Cámara Alta avanzar con el juicio político contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff.
De todas formas esta instancia no es definitiva. Ahora se deberá poner a consideración de todos los senadores que, en caso de votar por mayoría simple a favor del informe de Anastasia, procederán a desarrollar el juicio. Si el voto es negativo se da por terminado el proceso.
Esta sesión se deberá llevar a cabo, en principio, el próximo 9 de agosto.
Si el 'impeachment' sigue su curso a fin de mes se tratará en la Cámara Alta y por lo menos se demorará una semana hasta que haya una sentencia definitiva.
Es decir que la destitución o no de Dilma Rousseff se conocerá a principios de septiembre.
Agosto: un mes de conflicto
Consultado sobre las repercusiones políticas que tendrá esta decisión, el periodista Gerardo Gamarra explicó en diálogo con RT que "los movimientos populares preparan durante todo el mes de agosto jornadas de lucha y resistencia contra el gobierno golpista e ilegitimo de Michel Temer".
Al mismo tiempo que se manifestarán "en apoyo a la presidenta electa y los procesos democráticos".
Gamarra, que escribe desde la ciudad de San Pablo para el portal The Dawn, informó que este viernes 5 de agosto, "durante la Jornada de Apertura de los Juegos Olímpicos, el Frente Brasil Popular, el Frente Pueblo Sin Miedo y el Frente de Izquierda realizaran una marcha en Rio de Janeiro".
Sus principales consignas serán la resistencia al golpe y denunciando la “calamidad olímpica”.
En paralelo distintos sindicatos discuten la posibilidad de un llamado a huelga general también dentro del marco del "mes de luchas populares" que será agosto.
Finalmente el periodista remarcó las palabras de Joao Pedro Stedile, dirigente del Movimiento Sin Tierra (MST) quién aseguró que “además de antidemocrático", el "verdadero objetivo" del gobierno interino de Michel Temer es implementar "de forma rápida, a hierro y fuego, un plan neoliberal que sólo atiende a los intereses del gran capital financiero y de las corporaciones internacionales”.
Un golpe de Estado ilegal
El Frente Brasil Popular difundió un comunicado luego de la decisión de la comisión del Senado. Allí, las organizaciones que integran ese espacio, apuntaron que "la destitución de Rousseff no tiene fundamento legal, es un golpe, planeado y llevado a cabo, incluso para detener las investigaciones que alcanzarían los propios estafadores".
Asimismo detallaron que "esto no es un golpe de estado contra un presidente legítimamente elegido solamente, es también contra los millones de votos que se van a revocar, en contra de la Constitución".
"Somos conscientes de que es posible revertir la votación en el Senado", aseguraron con optimismo. Y explicaron que "a pesar de la narrativa fatalista de los medios de comunicación, hay pocos votos que nos separan de la victoria sobre los golpistas". Por eso señalaron que "el factor decisivo" será la movilización popular.
¿Y después?
En caso de que se consume la destitución de Dilma Rousseff a comienzos de septiembre el futuro de Brasil podrá recorrer dos caminos diferentes: o que Temer finalice el mandato hasta 2018 o que se convoque a elecciones anticipadas.
Si bien todavía el escenario es confuso, los sectores que han apoyado el golpe de Estado buscan mayoritariamente que Temer se quede dos años más.
Es que encuestas recientes indicaron que, de realizarse hoy las elecciones, el ex presidente Lula da Silva saldría vencedor.
Por eso intentan dilatar un posible llamado a comicios anticipados. Por su parte el Partido de los Trabajadores evalúa presionar para adelantar los comicios.
Los movimientos populares, en cambio, defienden el gobierno de Rousseff y aunque no descartan que se llame a elecciones anticipadas en caso de que la mandataria sea destituida, su preocupación es otra.
En una nota recientemente publicada, Stédile sostiene la necesidad de que Dilma "se comprometa con un nuevo programa de gobierno, diferente del aplicado en 2015, y en consonancia con las promesas de campaña del 2014".
Con el objetivo de lograr "en los próximos dos años, un proceso de transición para los cambios estructurales necesarios, comenzando por la reforma política y de los medios de comunicación".
Por eso insiste en prepararse ya que "agosto será un mes de mucha lucha y disputa".
