Nuevas reacciones se conocen sobre el reciente informe elaborado por una Misión Internacional Independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU); el cual contempla señalamientos sobre supuesta violación de derechos humanos en Venezuela.
Esta vez, la opinión pública internacional centra su atención en la solvencia moral de uno de los abogados que redactó el documento de 411 páginas, donde acusa al gobierno venezolano de incurrir en detenciones arbitrarias, tortura y otras acciones que califican como delitos de lesa humanidad.
Se trata de Francisco Cox, un abogado penalista chileno que cuenta en su historial profesional la defensa de Jovino Novoa; un alto funcionario de la dictadura de Augusto Pinochet.
Por otra parte, el abogado corredactor del informe de la ONU también respaldó al actual presidente Sebastián Piñera y se le vincula como muy cercano al canciller chileno, Andrés Allamand; cuyo gobierno desconoce al presidente constitucional venezolano, Nicolás Maduro Moros.
Igualmente, Cox fue defensor de la exministra de Educación del gobierno de Piñera y cónyuge de Allamand, Marcela Cubillos, quien enfrentó una acusación constitucional por incumplimiento de deberes legales en el ejercicio de sus funciones.
Reputación cuestionable de Cox
Luego de las jornadas represivas en Chile, un grupo de abogados emplazó, mediante una carta, a la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet; por la posición de Cox acerca del estallido social.
El documento destacó la “cuestionable condición de abogado experto en derechos humanos” Francisco Cox, por afirmar “de manera tajante y transgrediendo cualquier seriedad en el análisis u objetividad de los principios de derecho internacional de los derechos humanos, que en Chile no se han perpetrado delitos de lesa humanidad”.
Asimismo, en la carta enviada a Bachelet en enero de 2020, los especialistas en derechos humanos consideraron preciso “revisar las características propias del señor Cox; quien pareciera no contar con competencias mínimas para desarrollar un trabajo que confiera garantías mínimas de objetividad”.
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