Brasil, el país más importante de toda América del Sur, la sexta economía del mundo, está conmovido hasta sus raíces.
El dos veces presidente Luis Inácio “Lula” da Silva, de 72 años, está dando una ardua batalla legal por su candidatura presidencial y su libertad.
Hoy no caben dudas: el objetivo final del golpe contra Dilma Rousseff en 2016 era eliminar del escenario político a quien lidera ampliamente las preferencias ciudadanas de cara a los comicios presidenciales que habrán de celebrarse el 7 de octubre.
Hoy se puede asegurar que el que se inició hace dos años fue (y es) un golpe cívico-militar, con la diferencia que esta vez los uniformados no dieron la cara desde el principio.
Son los mismos que dirigieron el golpe parlamentario-policial-mediático de 2016 contra Dilma.
El sábado, abrazado por una multitud de manifestantes, Lula se hizo fuerte en la sede de su sindicato metalúrgico en Sao Bernardo do Campo, San Pablo.
Desafió al juez Sérgio Moro: “Estoy tranquilo, los que delinquen son ellos”, aseguró el ex presidente.
Finalmente, aceptó viajar a la prisión de Curitiba para cumplir la condena del juez Moro tras participar de una misa y encabezar un acto en su sindicato, el de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo.
Antes de presentarse ante la policía, el ex mandatario habló a miles de seguidores y les dejó unas joyitas: “Cada uno de ustedes se transformará en un Lula; La muerte de un combatiente no para la revolución Mi crimen es ayudar a los pobres, que vayan a la universidad y se alimenten; No vale la pena parar mi sueño; cuando deje de soñar, soñaré a través de ustedes”.
A la Policía Federal y al juez Moro les convenía una imagen de Lula entregándose sin ninguna presión. Pero a lo largo del viernes y sábado hubo bloqueos de carreteras en al menos 15 estados y grandes movilizaciones en apoyo al ex presidente en las principales ciudades del país. A Moro solo le tomó veintidós minutos expedir la orden de prisión desde que recibiera la comunicación del tribunal regional federal de Porto Alegre (normalmente demoraría días, meses)
Si la persecución ya se estaba totalmente desacreditada en lo jurídico por la ausencia de pruebas en las acusaciones (se le condenó con base en la convicción de los magistrados acerca de su culpabilidad), Moro, un juez con apetencias de ser presidente, le puso la cereza al negarse a recibir los recursos de apelación presentados por la defensa de Lula, violando la garantía constitucional de agotamiento de la jurisdicción.
Moro pidió la prisión con el propósito de liquidar la sensación de omnipotencia de Lula: hablaba demasiado a las multitudes, ganaba espacios en los noticieros de todo el mundo, y su figura se iba tornando heroica.
Había que eliminar su figura del imaginario colectivo.
Con este final se cierra el cerco político alrededor no solo de Lula sino de todo el sector progresista y democrático del país y de la región, con el resurgimiento del partido militar. Las élites recurren a la violencia directa.
Los nueve tiros contra la concejal de Río Marielle Franco y el ataque armado contra la caravana de Lula en Paraná dejaron en claro que eran asesinatos profesionales, una advertencia.
Nueva derecha, partido militar
Junto a los políticos corruptos, la policía federal, los fiscales y jueces está el verdadero poder fáctico de Brasil: directivos del la monopólica Red Globo, el banco Itaú, Gol, la constructora MRV, Electrobras, Mittal Aceros, entre otros; los grandes medios, las grandes empresas de la supuesta burguesía nacional y trasnacional, los grandes bancos y los capitales financieros globalizados.
En dos años se tejió una nueva correlación de fuerzas con la irrupción (por primera vez en tres décadas de posdictadura) de los altos mandos de las fuerzas armadas en el escenario político, la conformación de una nueva derecha militante, racista, antipopular y antidemocrática y una izquierda paralizada y desmovilizada, incapaz de comprender las nuevas realidades globales y regionales.
Por qué los militares, los grandes medios, las iglesias evangélicas, los empresarios y el tercio más pudiente del país, han hecho del odio una seña de identidad que ahora se focaliza en Lula, pero en el día a día se yergue contra negros y negras, izquierdistas, sexualidades disidentes y un largo etcétera donde entran todos los diferentes, se pregunta el analista uruguayo Raúl Zibechi.
La derecha no sólo domina los medios, la justicia, las fuerzas armadas y las principales instituciones estatales y privadas de Brasil, sino que tuvo la habilidad de ganar las calles desde 2013, cuando la izquierda electoral retrocedió asustada ante la irrupción de multitudes contrariadas por los aumentos de precios del transporte y la represión policial.
El Movimiento Brasil Libre (MBL), principal expresión política y sobre todo militante de la nueva derecha, lleva casi cinco años haciendo sentir su poder en las calles, desde acciones masivas con miles de personas hasta pequeños grupos que la emprenden contra los estudiantes que ocupan escuelas secundarias, sindicalistas, campesinos o activistas feministas y Lgbt.
Hoy existe una nueva derecha militante, ante la cual la vieja izquierda se disuelve en el aire de una legalidad mezquina, en manos de jueces y fiscales que coinciden con los postulados de la intransigencia y el odio. No se inmuta ante la irracionalidad de sus argumentos, ni teme violentar el sentido común y las leyes para imponer sus postulados. Por ejemplo, aceptar que Temer siga siendo presidente cuando tumbaron a Dilma por mucho menos de los cargos que la justicia le imputa al actual presidente, agrega Zibechi.
Las muestras de apoyo de líderes regionales a Lula continuaron. Mientras tanto, el Mercosur sigue haciendo mutis por el foro, así como la Organización de Estados Americanos...
Golpe dentro del golpe
No caben dudas: golpe dentro del golpe. El comandante del Ejército, general Eduardo Villas Bôas, pocas horas antes de la sesión del Supremo Tribunal Federal que debía decidir si Lula irá a la cárcel tuiteó: “Todos los esfuerzos deben ser hechos para prohibir la corrupción y la impunidad en la cotidianidad brasileña”, tras el pedido de intervención militar del general de la reserva Schroeder Lessa.
Hay quienes prefieren ser optimistas que consideran que más que una amenaza golpista, se trataron de presiones a los 11 jueces del Supremo para que lleven a Lula a la cárcel.
La propuesta anticorrupción sale de una institución castrense que jamás castigó a los responsables de torturas y asesinatos durante la dictadura militar (1964-1985), con altos mandos que siguen respaldando a los torturadores (quizá los actuales jerarcas). No cambió mucho: en los últimos 32 años hubo 1.722 asesinatos en el campo en el marco de la reforma agraria; de ellos sólo 110 fueron a juicio y apenas 31 personas fueron condenadas.
Ya el presidente de facto Michel Temer mandó militarizar Río de Janeiro, y ahora define a Villas Bôas como “guardián de los valores y principios de la moralidad y la ética”. Vale rescatar la posición del comandante de la fuerza aérea, Nivaldo Luiz Rosado, quien señaló que la sociedad está “polarizada” y exigir a sus subordinados respetar la Constitución y no poner las convicciones personales por encima de las instituciones.
La institución que debería perseguir el crimen en Rio de Janeiro, donde interviene por orden del presidente Michel Temer, la define Villas Bôas como “guardián de los valores y principios de la moralidad y la ética”, pero no parece empeñada en encontrar a los asesinos de la concejala Marielle Franco. Entre todas las presiones militares que se ventilaron en público en Brasil en los días previos al fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) sobre el recurso de hábeas corpus, las declaraciones del general retirado Luiz Gonzaga Schroeder Lessa fueron las que más llamaron la atención.
Llegó a afirmar que en caso de que el STF le concediera el amparo de hábeas corpus a Lula, podría estallar una “lucha fraticida”. Agregó que si éste dejara en libertad al ex presidente, sólo estaría actuando como “incitador” de la violencia entre los brasileños. El general retirado no dudó en ir más lejos. Afirmó que si el tribunal permitía que Lula se presentara como candidato a presidente y luego fuera electo, “no quedará otra alternativa que la intervención militar”.
Días antes había advertido en un programa de radio que incluso podría haber “derramamiento de sangre” y que la crisis que se desataría sería resuelta “con balas”. Las amenazas de Lessa fueron consideradas por el comando del ejército como una posición personal: no se le hizo un llamado de atención, a pesar de que la ley prohíbe pronunciamientos de militares sin autorización superior.
Sorprendió que, tras las declaraciones de Villas Bôas, en la que afirmaba que el ejército comparte “el repudio a la impunidad”, el ministro interino de Defensa, Joaquim Silva e Luna interpretó que el comandante había querido reafirmar “el compromiso de la fuerza terrestre con los preceptos constitucionales, sin olvidar el origen de sus cuadros, que es el pueblo brasileño”. Amnistía Internacional y varios juristas condenaron, por su lado, la declaración de Villas Bôas al interpretarla como una presión hacia los jueces del STF.
El presidente Temer prefirió no comentar las afirmaciones del comandante del Ejército, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, un precandidato presidencial más, afirmó que “en momentos de turbulencia, cuando sectores de la sociedad se posicionan de diferentes maneras, no se debe cuestionar el respeto a la Constitución”.
Causales casualidades
Lula fue Presidente del Brasil por dos períodos consecutivos (2003/2010). Terminó su mandato con un envidiable 85% de aceptación y lo sucedió una de sus ministras, Dilma Rousseff, quien fuera expulsada de su cargo por un golpe palaciego del Parlamento de su país. Hoy gobierna Michel Temer, el vicepresidente de Dilma, con un resonante 2% de adhesión de los ciudadanos brasileños, aunque confía que el uso del Estado le dará posibilidades para las próximas elecciones del mes de octubre
Pero las cosas, para Lula, se desmadraron de tal manera que, a pesar de encabezar todas las encuestas de opinión vinculadas a la próxima elección –duplicando a su más inmediato perseguidor-, el sillón presidencial parece alejarse. Obviamente, nada es casual. Hay varias razones, entre ellas la presión de Washington; las debilidades del progresismo de Lula y la corrupción.
Ninguno de los gobiernos progresistas de la región que, si bien no se plantearon producir grandes reformas estructurales y olvidaron construir una nueva sociedad, fueron del gusto de los intereses de los Estados Unidos. Pero con el gobierno brasileño se había desplegado una particular preocupación. Ella está directamente vinculada con la importancia de Brasil en la región y el mundo.
Brasil fue uno de los animadores, junto con Rusia, India, China y Sudáfrica del mentado BRICS que le ponía límites a la hegemonía estadounidense. Por si esto fuera poco Brasil tiene 7.500 kilómetros de costas sobre el Océano Atlántico. En la vastedad de esas cosas había importantes reservas de petróleo mar adentro (offshore), para garantizar la soberanía sobre el mismo Brasil tiene en carpeta la construcción de un submarino propulsado por energía nuclear. El mismo podría contar con la colaboración de Argentina.
Ello preocupó a los estrategas estadounidenses que dispusieron que su IV Flota, patrullara toda la zona. Por otra parte, la amazonia brasileña –el pulmón del mundo- siempre ha sido un tema llamativo para el poder mundial.
El propio Lula venía manifestando a sus interlocutores de estos tiempos que su gran error había sido ser condescendiente con el poder instalado. Es conocido el dato que los bancos, eje del actual modelo capitalista, habían tenido beneficios, durante el gobierno del liberal Fernando Enrique Cardozo (1995/2003), que rondaron un promedio del 11 % anual. Durante el gobierno de Lula esa ganancia creció para llegar al 14% anual.
El reconocimiento de Lula y estas ganancias del sistema financiero explican una parte sustancial de esas debilidades, que valen para Lula y también para los demás gobiernos de la región del mismo signo.
Finalmente, el verso de la corrupción fue la que terminó siendo la clave para terminar o destruir a estos gobiernos y sus dirigentes, y fue utilizado para desestabilizar a estos gobiernos. La corrupción tiene que ver con tres cuestiones combinadas: el financiamiento, nunca bien definido, ni aclarado de la política; el beneficio personal de algunos empresarios y políticos para guardarse fondos destinados a esta costosa manera de hacer política y la utilización por parte del poder imperial, para no ensuciarse ellos las manos y expulsar a gobernantes que no les gustan sin tener que apelar a los sangrientos “golpes tradicionales”
En estos marcos se diluyen aquellas medidas que se podrían inscribir como bases para cambios profundos. Como ejemplo Lula había logrado sacar de la pobreza a 20 millones de brasileños (él habla de 36 millones). De aquella realidad ahora pasamos a declaraciones de militares que advierten que la eximición de prisión de Lula o su llegada al gobierno “va a ser resuelta con balas (…) se va a derramar sangre, desgraciadamente eso es lo que la gente teme”.
Y aquellas fuerzas junto a las que Lula logró gobernabilidad (empresarios, evangélicos y sectores de clase media), huyeron de su lado no por sus programas económicos sino porque los pobres comenzaron a ser sujetos de política (no meros objetos de ella) y fueron ocupando espacios a lo largo y ancho del país. Fue una reacción colonialista, de clase.
El PT repite que en cuanto a candidatos presidenciales no tiene “plan B” y, por ahora podrá mantener a Lula como candidato. Recién el 15 de agosto, menos de dos meses antes de las elecciones, el TSE decidirá si acepta o no formalizar la candidatura del ex mandatario. Varios juristas advierten que Lula es inelegible ya que la llamada ley de “foja limpia” no permite l participación de personas que hayan sido condenadas en segunda instancia (su caso).
Lula fue condenado a 12 años y un mes por los jueces del Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre por recibir un soborno (un apartamento tríplex en un balneario del estado de San Pablo) de la constructora Oas a cambio de favores en la petrolera estatal Petrobras. Nunca probaron que Lula sea el propietario del apartamento.
Lula parece haber asimilado la nueva realidad, que no permite medias tintas y alianzas con la derecha (durante los doce años de gobierno del PT, por ejemplo, Globo mantuvo y acrecentó su poderío).
“No puedo ser más radical. Pero tampoco puedo ser Lulinha paz y amor.
Les di amor y me devolvieron golpes. Quiero probarles que no tiene sentido arreglar este país si el pueblo pobre no está incluido”.
Con un Lula condenado y encarcelado se cierra un ciclo político en América Latina; prácticamente ha agotado las posibilidades de presentarse a las elecciones presidenciales del 7 de octubre próximo; el PT quedará sin brújula ni recambio por esa terquedad de los gobiernos progresistas de no construir nuevos liderazgos y de cooptar y desmovilizar los movimientos sociales que los llevaron al poder.
Quizá la crisis actual, vestida de gesta heroica puede servir para replantearse qué es la democracia, qué significa la participación popular, preguntarse si la sociedad puede cambiarse desde las instituciones de un Estado hecho a imagen e intereses de los poderes fácticos y cuyas normas irrespeta continuamente la derecha. Dijo Lula el último sábado:
Creo en la justicia, si no, habría propuesto una revolución, no un partido.
Mientras, la lucha ¿seguirá en las calles?
Juraima Almeida es investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Aram Aharonian es periodista y comunicólogo uruguayo. Mágister en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA)
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=240063
