Ayer al mediodía, en pleno centro de Culiacán, fue asesinado Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de este diario (La Jornada) en Sinaloa y fundador del semanario local Ríodoce.
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Es imprecisa la idea de que nuestro compañero se había vuelto un periodista especializado en temas de narcotráfico, delincuencia organizada y corrupción gubernamental.
Fue más bien la realidad de su estado la que se deslizó por una pendiente de descomposición generalizada y por la pérdida de control por parte de las autoridades constituidas.
Y Javier hablaba de la realidad.
Y fue ese proceso de desintegración lo que retrató en sus crónicas, en sus despachos y en sus libros, a sabiendas de que tal fenómeno era una amenaza de muerte para cualquier ciudadano, pero especialmente para los informadores.
A propósito de su última obra, Con una granada en la boca, editada a fines del año pasado, Valdez Cárdenas dijo en entrevista con La Jornada: “No hablamos sólo de narcotráfico, una de nuestras acechanzas más feroces.
Hablamos también de cómo nos acecha el gobierno.
De cómo vivimos en una redacción infiltrada por el narco, al lado de algún compañero en quien no puedes confiar porque quizá sea el que pasa informes al gobierno o los delincuentes”.
El 23 de marzo cayó asesinada nuestra corresponsal en Chihuahua, Miroslava Breach Verducea. Hasta ahora, pese a las promesas gubernamentales de justicia, su crimen sigue impune.
En el país han sido asesinados más de 120 informadores de 2000 a la fecha.
En la gran mayoría de los casos los responsables intelectuales y materiales ni siquiera han sido identificados, y mucho menos sometidos a juicio y sancionados conforme a derecho.
Matar a un periodista, a una mujer, a un defensor de derechos humanos, a un ciudadano cualquiera, se ha vuelto una actividad de muy bajo riesgo porque, según toda evidencia, en las instancias de gobierno estatales y federales la determinación de hacer justicia es meramente declarativa.
El hecho es que la responsabilidad última de las muertes de Javier, de Miroslava y de todos los informadores caídos en el país, cuyo número creció de manera exponencial desde que Felipe Calderón declaró una “guerra” disparatada y contraproducente contra la delincuencia organizada, recae en los gobernantes que no han sido capaces de garantizar el derecho a la vida de los ciudadanos, que han actuado con indolencia, en el mejor de los casos, ante el agudo deterioro de la seguridad pública, que han alimentado la espiral de violencia al convertir un problema originalmente policial en un asunto de seguridad nacional y que han sido omisas en la procuración e impartición de justicia.
Los gobiernos sinaloense y federal deben actuar ya y esclarecer y sancionar sin dilaciones el asesinato de Javier Valdez Cárdenas.
Si las autoridades no ponen fin a esta violencia enloquecida, si no se emprende un viraje en las políticas de seguridad pública vigentes, en lo sustancial, desde el calderonato, y si este más reciente crimen no se esclarece conforme a derecho, se fortalecerá la percepción de que no hay autoridad alguna.
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