De los 43 millones de habitantes que tiene Argentina, 13 millones son pobres y 2,5 millones indigentes.
De ellos, 1,4 millones cayeron en esta situación en el primer trimestre del año, según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (Universidad Católica Argentina).
Este repunte de la pobreza coincide con los primeros pasos del gobierno de Mauricio Macri, que asumió el pasado 10 de diciembre.
Otros datos recientes de UNICEF Argentina también son demoledores: a diciembre de 2015, el 30 % de los niños y jóvenes argentinos de entre 0 y 17 años eran pobres, y el 8,4 % extremadamente pobres.
La inflación, que se encuentra en el nivel más alto en los últimos 14 años y podría llegar este año al 40%; el tarifazo en los servicios básicos –luz, gas, agua, transporte-; los despido en el sector público; y la devaluación del 30 % en diciembre, fueron elementos que echaron leña al fuego.
Es en esta coyuntura que la oposición presentó en el parlamento una ley anti-despidos, que tendría una vigencia de seis meses y llevaría aparejada la doble indemnización para el despido sin causa. Aprobada la semana pasada, el gobierno anunció su veto.
Una prerrogativa constitucional que, sin embargo, desató la furia de la oposición, sobre todo del núcleo duro del kirchnerismo.
Es el primer veto de Macri a una ley aprobada en el parlamento, donde tiene minoría. Néstor Kirchner y Cristina Fernández también vetaron leyes: lo hicieron en 54 casos, teniendo mayoría parlamentaria.
El presidente Macri argumentó que una ley de esa naturaleza no serviría más que para espantar la inversión.
El mismo argumento que usó en 2010 la ex presidente, Cristina Fernández, cuando se lo pidieron los sindicatos.
En ese momento, la ex presidente dijo que una ley de ese tipo iba a tener efectos totalmente opuestos a los objetivos perseguidos: “¿Qué dije entonces? No, no voy a sacar ninguna norma, que lo único que va a hacer es asustar al capital, que es lo más asustadizo que hay”.
Gobierno y oposición discuten también si hay una verdadera crisis ocupacional.
Entre diciembre y febrero pasados se habrían perdido 19.938 puestos de trabajo en el sector privado, según datos oficiales. La devaluación de enero de 2014 habría provocado más desempleados que la actual.
En cuanto a los despidos en el sector público, el ejecutivo argumenta que son consecuencia de la política del gobierno anterior de llenar de militantes la administración pública.
Durante los 12 años de gobiernos kirchneristas entraron a trabajar para el Estado 1,4 millones de personas, que compensaron la falta de creación de empleo en el sector privado, que se había estancado en el 2008.
Las caras de la crisis se ven por todas partes. Aumentó de manera importante la cantidad de gente que acude a comedores populares, donde diversas organizaciones dan de comer gratis y que se están viendo desbordados.
Para Cáritas, que tiene 1.500 comedores en todo el país, la situación de crisis comenzó hace dos años.
Y es evidente para cualquiera que recorra las calles de Buenos Aires cómo aumentó el número de personas en situación de calle.
Aunque las clases más desfavorecidas son las más golpeadas, también la clase media se está ajustando el cinturón a la hora de todo tipo de gastos, incluyendo el cambio de comportamiento en las compras del supermercado.
De las cinco centrales sindicales existentes, algunas anuncian próximas medidas de fuerza.
En la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, la gobernadora, María Eugenia Vidal, aumentó las ayudas sociales y entrega 400.000 toneladas de alimentos para comedores sociales. Los piquetes por protestas en las calles aumentaron y solo en la capital hubo un promedio de 2,5 por día, lo que representa un aumento del 8% respecto al año anterior.
El delicado panorama social de la Argentina es interpretado desde el gobierno como la consecuencia del sinceramiento de la economía y la pesada herencia del gobierno anterior.
En 2015, los subsidios al gas y la electricidad fueron más de 15.000 millones de dólares, mientras que los destinados al transporte fueron de otros 5.000 millones. Sumando ambas cifras se llega a casi el 50 % del déficit del PIB en el 2015.
A esto hay que sumar el fin del viento de cola en la economía, con el precio de la soja a mitad de su récord histórico, que llegó a 600 dólares la tonelada.
A esto hay que sumar la crisis en Brasil y el desaceleramiento de la economía en China, dos de los principales socios comerciales de Argentina.
El gobierno anunció algunas medidas sociales para evitar el estallido. Aumentó el salario mínimo y el seguro de desempleo, anunció obras públicas millonarias y subió los montos de las principales ayudas sociales.
Habrá una devolución del 15 % del IVA de la canasta básica a los sectores más postergados, que además pueden acogerse a tarifas sociales para pagar los servicios básicos.
En el caso de la Asignación Universal por Hijo, además, se amplió el número de beneficiarios, incluyendo a los autónomos, los trabajadores en negro y los temporeros.
Todavía no hay datos estadísticos oficiales sobre pobreza, inflación y otras variables, ya que el INDEC (Instituto de Estadísticas y Censo) está siendo reestructurado después de que el gobierno anterior destruyese su credibilidad. A partir de enero de 2007 comenzó a divulgar informes inverosímiles.
Especialmente los de inflación, que según estudios privados era el doble de lo publicado.
Las estadísticas de pobreza se dejaron de publicar a principios de 2013, con el argumento de que era estigmatizante.
El último informe oficial conocido, durante el gobierno de Cristina Fernández, decía que Argentina tenía un 4,7 % de pobres, menos que Alemania.
