Un nuevo análisis de expertos en el basural de Cocula, estado sureño de Guerrero, arrojó que en ese lugar habrían sido quemados 17 cuerpos, la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la escuela normalista de Ayotzinapa, en el mismo estado, aunque el estudio fue cuestionado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que lo consideró producto de una decisión “unilateral”.
Ricardo Damián Torres, vocero del Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego, afirmó que “sí existen evidencias” de que hubo un incendio controlado en el vertedero de Cocula, vecino a Iguala, donde fueron detenidos por policías municipales los jóvenes y luego entregados a un grupo criminal.
Las conclusiones del estudio contradicen dos análisis previos de investigadores, entre ellos del Equipo Argentino de Antropología Forense, que refuerzan otras evidencias según las cuales los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que habían llegado en buses a Iguala fueron asesinados.
Una de las hipótesis es que los alumnos habrían llegado a Iguala supuestamente recaudar fondos para financiar protestas. Otra señala que los alumnos se dirigían a México DF para participar de un acto de recordación por la matanza de Tlatelolco, en 1968.
El viceprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos, indicó que en el tercer estudio sobre fuego participaron seis expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El peritaje se realizó para comprobar o desmentir la hipótesis de que los alumnos que permanecen desaparecidos fueron incinerados en ese sitio, detalló la agencia ANSA.
Los padres de los estudiantes y las organizaciones que los apoyan han desestimado la teoría del gobierno según la cual los estudiantes fueron asesinados por la banda Guerreros Unidos aparentemente al ser confundidos con miembros de la organización enemiga “Los Rojos”.
Sin embargo, la difusión de este estudio fue cuestionada por el GIEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acusó a la Procuraduría General de México (PGM) de romper el diálogo y consenso que habían acordado sobre la forma de divulgar las conclusiones y la confidencialidad del proceso hasta tener resultados definitivos.
“Su mensaje hizo alusión a partes del contenido de un informe provisional que ni siquiera han sido analizadas por el GIEI”, y en la conferencia se señalaron cosas que no les explicaron en la reunión previa “ni son de consenso de los expertos de fuego”, aseguró el grupo de expertos.
La PGR (fiscalía) negó hoy que el nuevo estudio sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sea “unilateral”.
El grupo de seis expertos que se encargó de este último peritaje, destinado a esclarecer si los jóvenes de Ayotzinapa fueron quemados en septiembre de 2014 en el basurero del municipio de Cocula, “se integró a propuesta, a partes iguales y por consenso, del GIEI y de la PGR”, dijo hoy la fiscalía en un comunicado.
La fiscalía recordó que la realización del nuevo estudio fue convenido entre el Gobierno mexicano y la CIDH en octubre de 2015, semanas después de que el GIEI -designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- concluyera su peritaje en el que descartaba que hubiera ocurrido un incendio masivo en el vertedero.
La nueva investigación de los especialistas en fuego se realizaría, acordaron entonces ambas instituciones, sobre unas bases que “se respetaron en todo momento”, según la PGR.
“La PGR respeta la independencia de este grupo colegiado y reconoce el trabajo desarrollado y entregado a ambas instituciones en forma conjunta”, sostuvo la fiscalía en otro comunicado emitido.
Asimismo, reiteró su compromiso con la transparencia, “dada la relevancia del asunto y considerando el interés público en torno a él”.
Sin embargo, el comunicado del GIEI concluyó que “es claro que alguien tomó la decisión de romper dicho acuerdo de consenso y de no escuchar las propuestas hechas por el GIEI, tomando una decisión unilateral por parte de la PGR”.
Telam
