Habitantes de La Macarena, sur de Colombia, presenciaron este jueves la audiencia pública que sirvió para certificar la denuncia que habían hecho a las autoridades sobre la existencia de una fosa común ubicada en la cercanías de un batallón del Ejército con más de 2 mil cadáveres, un día después que la Cancillería de ese país negara el descubrimiento.
A esta concentración asistieron al menos 800 campesinos que estaban acompañados por delegados internacionales para demostrar la situación que se vive en esa zona colombiana por las violaciones de Derechos Humanos por parte del Ejército e integrantes del Plan Colombia.
Los vecinos de la zona expusieron sus acusaciones ante un grupo de parlamentarios y miembros del cuerpo diplomático que se desplazaron este jueves.
Asimismo, viajó una comisión integrada por congresistas de la oposición como Piedad Córdoba, Iván Cepeda, Gloria Inés Ramírez y Clara López.
En breves declaraciones Córdoba rechazó este tipo de sucesos que se desean ocultar y llamó a no radicar lo que para las potencias es un negocio: "la guerra".
A esta concentración asistieron al menos 800 campesinos que estaban acompañados por delegados internacionales para demostrar la situación que se vive en esa zona colombiana por las violaciones de Derechos Humanos por parte del Ejército e integrantes del Plan Colombia.
Los vecinos de la zona expusieron sus acusaciones ante un grupo de parlamentarios y miembros del cuerpo diplomático que se desplazaron este jueves.
Asimismo, viajó una comisión integrada por congresistas de la oposición como Piedad Córdoba, Iván Cepeda, Gloria Inés Ramírez y Clara López.
En breves declaraciones Córdoba rechazó este tipo de sucesos que se desean ocultar y llamó a no radicar lo que para las potencias es un negocio: "la guerra".
"Cuando nosotros nos oponemos a los tratados de libre comercio, hurtados de sangre del pueblo colombiano, decimos con dignidad que Europa no puede hacer prolongar en América y Colombia lo que ellos hace muchos años trataron de radicar: la guerra, que es un negocio. Su patente es la política de seguridad democrática", manifestó la senadora.
Un informe de la Procuraduría General de la República de Colombia registró un total de dos mil personas que estarían supuestamente enterradas, sin embargo, otras versiones señalan que hay una cifra mucho menor, de 400 cadáveres.
Para Iván Cepeda, el informe da cuenta de la existencia de ese cementerio y que "nosotros no hemos decidido hacer este viaje simplemente por las denuncias de la población sino teniendo en la mano los informes de las mismas instituciones del Estado".
El miembro de la organización Colombianas y Colombianas por la paz, dijo que a este hecho no se le ha prestado la atención que se merece y llamó a las autoridades de su país a tomar medidas cautelares sobre el cementerio, puesto que la protección hacia la población adyacente es muy débil.
"Lo que podemos decir es que hay un sitio donde hay unas personas enterradas que no es el cementerio del municipio. El Ejército, la unidad militar, era la que tenía control sobre este lugar y la que pidió que estas personas fueran enterradas allí y como se podrá entender esta no es una situación normal ni regular", subrayó el activista.
La cancillería colombiana emitió este miércoles un comunicado en el que manifiesta que una misión enviada por la Fiscalía a recabar información sobre las denuncias, realizadas por los habitantes de La Macarena, que no se encontraron "signos de remoción de tierra, ni tampoco cualquier otra señal de la existencia de una fosa común".
"En el cementerio del municipio de La Macarena sólo existen tumbas individuales excavadas en momentos diferentes, separadas entre sí por más de un metro de distancia. Esta circunstancia fue verificada por funcionarios del cuerpo diplomático acreditado en Colombia que visitaron el municipio", insistió el texto del Ministerio de Exteriores.
La audiencia pública en La Macarena se dio en momentos en que se celebraba la reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), en donde Bogotá presentó una serie de fotografías y videos que presuntamente probaban la presencia de guerrilleros en territorio venezolano.
Allí el Gobierno de Álvaro Uribe acusó a Caracas de respaldar a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), versión que fue desmentida por el presidente, Hugo Chávez, quien recordó que el problema es parte de un conflicto interno que su homólogo no ha podido resolver.
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